Los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas y el ex arquitecto jefe de Barcelona Josep Antoni Acebillo han presentado una querella contra la alcaldesa Ada Colau y la teniente de alcaldía Janet Sanz por delito urbanístico y otro de presunta malversación agravada por aprobar los proyectos de los ejes verdes de la superilla del Eixample.
Así lo ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar EFE al acceder a la querella. Las tres personas denunciantes --una de ellas artífice del urbanismo de la época olímpica con Pasqual Maragall-- son las mismas que junto a la plataforma Salvem Barcelona denunciaron este proyecto el año pasado por los mismos motivos y pidieron que, como medida cautelar, no se iniciasen las obras, denuncias que la fiscalía archivó finalmente el mes pasado por no ver delito.
Ven necesario modificar el PGM
La querella sostiene que con esta reurbanización "se están transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad", por lo que es necesaria una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) previa.
El abogado Ferran Jufresa ha explicado a EFE que presentan esta acción penal para que la justicia "persiga" estos delitos que ha estimado que costaran a la ciudad "más de 100 millones de euros".
Querella
Jufresa ha explicado que la querella es contra Ada Colau, Janet Sanz y también contra quienes hayan votado a favor de la aprobación del proyecto y los funcionarios públicos que hayan emitido informes en los que lo avalen.
También piden al juez la suspensión cautelar de las obras porque estas ya se han iniciado, lo que considera que no debería de haber sucedido para "evitar la plena consumación" de los delitos que consideran que se pueden estar cometiendo y los perjuicios que acarrean.
"Puede tener efectos devastadores"
Antoni Jufresa ha sostenido que la posición del fiscal de no ver delito es "poco comprensible y poco coherente" y le ha reprochado que se haya "pasado casi un año mareando la perdiz".
En la querella, a la que ha tenido acceso EFE, los denunciantes sostienen que "nos hallamos ante una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos" y que también afecta al erario público.