Boye, tras conocer la petición de la fiscalía: "Hemos pasado del 'a por ellos' al 'a por ella'"

Este miércoles, la fiscalía --encabezada por Assumpta Pujol y Teresa Duerto-- ha hecho una modificación en su escrito de conclusiones definitivas y ha rebajado la petición de condena para Isaías Herrero, el informático que presuntamente se benefició del fraccionamiento de contratos cuando Laura Borràs era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). La fiscalía ha pasado de solicitar para él seis años de prisión a dos años de cárcel. Sin embargo, ha mantenido la petición de seis años de prisión y de 21 de inhabilitación para la presidenta de Junts. Mientras los abogados de los otros dos encausados se han mostrado conformes, Gonzalo Boye, letrado de Borràs, ha comenzado la exposición de su informe expresando que se ha pasado de un "'a por ellos', a un 'a por ella'", en relación al pacto de los dos acusados con la fiscalía, al que se ha referido constantemente como trapi. De hecho, ha pedido la absolución de su cliente.

La primera vulneración, según Boye, pasa por el hecho de que el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, no es imparcial. "Creemos que ha quedado de manifiesto durante el plenario su falta de imparcialidad", le ha espetado el letrado a Barrientos, que no le ha respondido. En este sentido, el abogado de Borràs ha rescatado varias sentencias que recogen un cambio de magistrado durante un proceso judicial por este motivo, una petición que solicitaron, pero fue desestimada. 

"No ha tenido un juicio justo"

Boye considera, también, que la presidenta de Junts no ha tenido un juicio justo, dado que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. "Las declaraciones en contra de la señora Borràs han sido abusivas y se han divulgado datos íntegros de este procedimiento, además de falacias: algunas no sabemos de dónde vienen; otras lo tenemos bastante claro", ha denunciado. "Se le ha privado de un juicio justo de antemano", ha expresado. Según él se ha filtrado información a los medios sobre Borràs con la intención de inculparla. 

Además, Boye ha denunciado que se ha vulnerado también el derecho a la defensa al rechazar el tribunal la declaración de exconseller de Cultura Lluís Puig como testigo, una declaración que, según él, era "imprescindible" en este caso. Cabe destacar que el tribunal denegó su comparecencia por encontrarse huido de la justicia. 

"El 'hecho Borràs'"

Boye ha insistido en que la fiscalía ha hecho una investigación paralela y ha denunciado una "ilegalidad" en el acceso masivo a los datos de Isaías Herrero alojados en un servidor. Según el letrado de Borràs, el Tribunal Supremo dejó patente que se necesita una autorización judicial "específica" para poder acceder a estos archivos, una autorización que en este caso no existía. "El planteamiento de la fiscalía en este juicio es una vulneración flagrante y patente de lo que marca la Fiscalía General del Estado sobre cómo deben comportarse los fiscales. ¿Saben por qué? Porque aquí el Derecho da igual, es un a por ella" ha expresado. 

Al contrario de lo expuesto por la fiscalía --que aclara que se investigaron hechos concretos y no a personas--, Boye insiste en que los investigadores se llevaron "todo" lo que encontraron, sin saber ni siquiera qué archivos estaban buscando. Así ha apuntalado la teoría de que estaban investigando a Laura Borràs de forma prospectiva. "El ministerio fiscal dice que se investigaban hechos y no a personas. Entonces Borràs es un hecho, el hecho Borràs, a por ella. La han deshumanizado a lo largo de estos cinco años". 

Boye rescata los juicios de Núremberg

Gonzalo Boye ha vuelto a señalar a la que era la jefa de administración de la ILC, Assumpta Pagespetit, de la que ha dicho que ha cambiado su declaración por "miedo a ver lo que le están haciendo" a su defendida. "Me he pegado un paseo por las redes sociales de la señora Pagespetit, que aplaudía a la señora Borràs y subía fotos con ella riéndose. Somos lo que dejamos en las redes sociales" ha expresado en tono irónico. Además, ha vuelto a insistir en que Pagespetit era quien se encargaba de la tramitación de la contratación y en que, si detectó alguna irregularidad, como ella misma declaró, debería haberlo denunciado "como marca el código deontológico de los funcionarios de la Generalitat". 

Sobre la exposición de la fiscalía, que afeó a Borràs que hubiese descargado su responsabilidad sobre "sus subordinados", Boye ha asegurado que en este caso no rige el principio jerárquico. "Desde Núremberg no se ha visto a tanta gente diciendo: yo solo cumplía órdenes", ha atacado a los funcionarios que incriminaron a Borràs. 

"No hay falsedad, hay mendacidad"

Gonzalo Boye ha argumentado que en este caso no se ha incurrido en un delito de falsedad, del que acusan a su defendida, sino que hubo "mendacidad" por parte de Herrero. Asegura que si Herrero presentaba tres presupuestos es porque Pagespetir "que era la requiriente y la destinataria" lo exigía. "Los presupuestos son mendaces, que no falsos", ha reiterado, argumentando que la jefa de administración quería "tres papeles y le daba lo mismo de quién" pero que, en cualquier caso, la mendacidad no tiene relevancia en el Código Penal. 

Sobre el delito de prevaricación, asegura que la fiscalía no ha probado el dolo. "No nos defenderemos de aquello de lo que no nos han acusado. Lo tiene que justificar la acusación, no el tribunal. No ha habido perjuicio ni desprecio por los intereses generales, solo ha habido ganancia", ha continuado. Para apuntalar esta teoría, ha esgrimido que los testigos, incluida Pagespetit, reconocieron que hubo "un antes y un después en la ILC porque fue ella quien sacó el polvo de una institución oxidada y gris y la llevó al siglo XXI".