Varios testigos en el juicio contra la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) han declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la entidad recibía presupuestos “comparsa” que acompañaban al que iba a ser adjudicado a dedo. Dos de ellos, además, han explicado que sus datos personales aparecen en algunos de estos documentos sin su permiso. “Estoy alucinando. Estoy impresionado de que esto esté aquí, me sorprende totalmente”, ha afirmado uno. 

Según reconoció el pasado lunes el informático Isaías Herrero, a quien presuntamente beneficiaban los supuestos contratos fraccionados relacionados con la web de la institución, él y Borràs pactaron el amaño y, para hacerlo, él presentaba estos presupuestos sabiendo de antemano que serían rechazados.

Datos utilizados de forma ilícita

Uno de los testigos ha reconocido sus datos (entre los que se encuentran su nombre, su NIF, su correo electrónico y su móvil, pero un teléfono fijo distinto) en tres presupuestos diferentes. El individuo ha declarado que cree que esta información se podría haber extraído de la base de datos del grupo de investigación Hermeneia, del cual formaba parte y que estaba liderado por Borràs. 

El otro testigo es el cuñado de Herrero, quien también ha identificado sus datos en cinco presupuestos que no realizó. El hombre ha asegurado que el acusado le propuso dar sus datos pero que este le dijo que no podía hacerlo debido a que no era autónomo.

Borràs tenía la última palabra

Durante la misma jornada del juicio, una extrabajadora jubilada de la ILC ha explicado que Borràs, la entonces directora, tomaba la decisión última en lo que se refiere a contratación y adjudicación. La mujer, además, no ha reconocido la firma que aparece en varios contratos menores, afirmando que "hay alguien que ha firmado por orden". 

También ha declarado este martes una diseñadora gráfica amiga de isaías Herrero, a la que el acusado habría pedido que hiciera facturas menores de 18.000 euros a su nombre, a lo que ella se habría negado.