La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir una investigación al exsecretario general del Diplocat de la Generalitat, Albert Royo, por los gastos del viaje a Cataluña de ocho parlamentarios europeos como observadores del referéndum secesionista del 9 de noviembre de 2014, y por la producción de 20 vídeos para promocionar dicha consulta.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección octava de la Audiencia de Barcelona estima un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ordena a la jueza instructora investigar a Royo por esas partidas vinculadas al 9N, además de por los gastos de la promoción exterior del procés que ya motivaron su imputación.
El 'exconseller' Romeva, también afectado
Royo está investigado en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona junto a una decena de cargos del Govern --entre ellos el exconseller de Acción Exterior de la Generalitat, Raül Romeva-, por malversar casi un millón de euros para internacionalizar el procés secesionista catalán mediante contratos y subvenciones otorgados a dedo y arbitrarios.
La causa se deriva de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción en los juzgados de Barcelona y en la que también acusaba a Royo por malversación por los gastos del 9N, pero la jueza instructora descartó investigarle por esas partidas al entender que los hechos habrían prescrito.
También entendía la instructora que no se podía imputar malversación a Royo por los gastos de la consulta, cuando los organizadores del 9N, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, no fueron condenados por ese delito sino únicamente por desobediencia.
10.000 euros públicos para los viajes de eurodiputados
La Fiscalía, con el apoyo de la Abogacía del Estado, han recurrido la decisión de la instructora y han logrado que la Audiencia de Barcelona les dé la razón: el tribunal considera que los gastos del viaje de los ocho parlamentarios europeos por el 9N, que ascendieron a 10.000 euros, no han prescrito dado que la partida presupuestaria se aprobó el 3 de noviembre de 2014.
Según la sala, Royo "conocía la suspensión de la consulta popular a celebrar el 9 de noviembre" y el día 3 "dio el visto bueno al presupuesto para dicha actividad (...) y autorizó la satisfacción de los gastos derivados de la visita de ocho europarlamentarios".
Casi 60.000 euros para vídeos promocionales
Respecto al coste de producción de 20 vídeos que promocionaban internacionalmente la consulta del 9N y el llamado "derecho a decidir", cuyo importe ascendía a 58.358 euros, la Audiencia coincide con la Fiscalía en que lo relevante no es la finalidad de esas partidas sino que fueron contratadas eludiendo "los mecanismos de control de la contratación pública".
De hecho, el ministerio público reprocha a Royo que contratara la producción de los vídeos "sin seguir un procedimiento de licitación pública", fragmentando "fraudulentamente" el proyecto, mediante "cinco encargos", para eludir la normativa que obliga a convocar un concurso para adjudicarlo.