“Ahora es imposible, la diferencia de votos con Junts per Catalunya (JxCat) es muy pequeña”. Así justificaba Pere Aragonés su resistencia a pactar su investidura con PSC en una conversación mantenida con Salvador Illa hace un año. Las elecciones autonómicas del 14F habían dado la victoria a los socialistas, seguido de ERC, pero las tres formaciones independentistas sumaban. Illa había tendido la mano al republicano, tras comprobar cómo los neoconvergentes insistían en bloquear la designación del republicano, quien ya entonces recurrió a En Comú Podem para provocar el desbloqueo, pues fueron necesarias tres sesiones de investidura en el Parlament para que, con el apoyo de Junts y CUP, Aragonés fuera ungido presidente de la Generalitat.
Curiosamente, la historia se repite: ERC firmó primero un acuerdo de presupuestos para 2023 con los comunes, para luego elegir a otro socio preferente. En este caso a PSC, que durante meses fue vetado por Oriol Junqueras por entender que esta formación era cómplice de su encarcelamiento.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el 29º congreso del partido / MARC TRILLA - EUROPA PRESS
La salida de Junts del Govern, movimiento torpe orquestado desde Waterloo por Carles Puigdemont que ha condenado a los neoconvergentes a la irrelevancia, unida a los acuerdos entre ERC y el PSOE sobre las cuentas del Estado y un pulso de liderazgos dentro de la formación republicana, han propiciado que, en solo un año, la política catalana haya dado un vuelco. Durante diez años, las estrategias de los partidos se midieron en base a un eje independencia-constitucionalismo. Desde ayer, Cataluña ha vuelto al eje izquierda-derecha. Esa es, cuando menos, la lectura que han hecho Junts, PP, Ciudadanos y Vox, que advierten de los preparativos de un nuevo tripartito junto a los comunes, similar al que gobernó Cataluña entre 2003 y 2010, tras décadas de predominio pujolista.
El expresidente catalán Carles Puigdemont (c) flanqueado por los 'exconsellers' Clara Ponsatí (i), Lluís Puig (2d) y el abogado Gonzalo Boye (d) / EFE
Dicho de otra manera, los bloques políticos se han roto. La polarización vivida en los momentos álgidos del procés se ha diluido. Todo ello en aras a sacar adelante unos presupuestos de la Generalitat en los que, lo dijo el propio Aragonés, supone un coste personal y político para el president. La ampliación del aeropuerto, Hard Rock y la B-40 eran, hasta hace pocos días, eran líneas rojas que ERC no estaba dispuesta a cruzar.
Foto solemne
El pacto entre Aragonès e Illa, solemnizado en una foto en Palau que pone fin a la confrontación y abre una nueva etapa de entendimiento social –más gasto en sanidad y educación-- y económico –luz verde a proyectos para reincentivan la economía--, afrontará su primer test de resistencia en las elecciones municipales de mayo, es decir, en poco más de tres meses. ERC y PSC parten como las formaciones que, actualmente, representan la centralidad –a excepción de Barcelona, donde las encuestas avalan el efecto Trias y los comunes resisten--, pero saben que tienen que afinar en sus relatos. Los republicanos tienen ya a la caballería ultraprocesista encima, la que exige conservar la ‘mayoría del 52%’ salida de las urnas, mientras que los partidos conservadores no perdonan al PSC que pacte con los independentistas que dieron “el golpe de Estado” de 2017.
Aunque ambas partes juegan ya al desmarque, ERC y PSC arriesgan con el acuerdo presupuestario.