La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que rebaje la condena de 13 años de inhabilitación que se impuso al exvicepresidente de la Generalitat y actual líder de ERC, Oriol Junqueras. En este sentido, solicita que la sustituya por una pena de siete años tras la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación.
El Supremo había dado ocho días a las defensas y a las acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019. A través de un escrito de 39 folios, la Abogacía ha considerado pertinente rebajar la pena de inhabilitación del también exconseller de Economía, "atendiendo a las penas previstas en el artículo 433 del Código Penal ---con el que se castiga el uso del patrimonio público a fines diferentes al que estuviese destinado-- y el 557.2 --relativo a los desórdenes públicos--" al apreciar "el concurso medial entre ambos delitos".
Los otros condenados del 'procés'
Por otro lado, para los condenados por malversación, la Abogacía pide una revisión de la inhabilitación que contempla un concurso medial entre los delitos de administración desleal y desórdenes públicos.De esta forma, para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell solicita seis años y seis meses, para los expresidentes de las entidades secesionistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pide cuatro años; para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, seis años y nueve meses; y finalmente para Joaquim Forn y Josep Rull, seis años y tres meses.
Así pues, el tribunal del procés deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2. Aunque el Supremo ha emplazado a las partes a que se pronuncien, será el tribunal --presidido por el magistrado Manuel Marchena-- quien decida finalmente cómo queda la sentencia.