En apenas tres meses, la estrategia de ERC ha dado un vuelco, pues ha pasado de vetar al PSC en las negociaciones para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2023 a pactar su aprobación. El curso parlamentario se reanudaba el otoño pasado con la salida de Junts per Catalunya del gobierno de Pere Aragonès, obligado a buscar nuevos aliados para sacar adelante la ley más importante de toda legislatura y que, en este caso, permite aumentar el gasto en más de 3.000 millones y desbloquear proyectos fundamentales en una situación de crisis postpandémica y de inflación derivada de la carestía energética.
Afloraron entonces las divisiones internas en la formación republicano, donde su presidente, Oriol Junqueras, mantenía el cordón sanitario establecido contra los socialistas en las elecciones catalanas de febrero de 2021, mientras que Aragonès se mostraba flexible. Pero si la realidad es tozuda --PSC es el principal partido de la oposición-- también lo ha sido Salvador Illa, quien ha mantenido hasta el final su estrategia de "todo o nada", avalado por Pedro Sánchez.
Líneas rojas
Así, durante estos tres meses, mientras Junqueras flexibilizaba su postura, PSC mantenía como líneas rojas la ampliación del aeropuerto, el proyecto de Hard Rock y la B-40 (conocido como Cuarto Cinturón), propuestas todas ellas rechazadas por En Comú Podem, formación con la que ERC cerró un acuerdo presupuestario hace varias semanas. Un acuerdo que era insuficiente para dar luz verde a las cuentas en el Parlament, pues ambas formaciones no suman.
Mientras Junts per Catalunya, que curiosamente sí avala esos proyectos, se borraba de la ecuación negociadora, los socialistas se convertían en interlocutores preferentes. Finalmente, tras varias semanas de tira y afloja, PSC y ERC han llegado a un acuerdo sobre esta infraestructura viaria, reclamada por los alcaldes del Vallès, y que se había convertido en el principal escollo para lograr un pacto.