El exportavoz y secretario ejecutivo de Convergència Democràtica de Catalunya, David Madí, ha acusado a los Mossos d’Esquadra de reproducir “las mecánicas de las cloacas de la Guardia Civil y la Policía Nacional”. Ha arremetido contra el cuerpo catalán afirmando que se encuentra en medio de "una guerra de facciones interna” y que “utiliza los informes y las filtraciones de una forma claramente ilegítima”. Lo ha dicho este miércoles en una entrevista concedida a El Món a RAC1.
El condenado a 14 meses de prisión por cometer dos delitos contra la hacienda pública y uno de falsedad documental en el Caso Triacom ha anunciado también que ha presentado un recurso con petición de absolución contra su sentencia. La Justicia concluyó el pasado mes de octubre que Madí ayudó al propietario de la productora audiovisual Triacom a estafar a Hacienda, afirmación que ha calificado de “fabulación” y de “un intento fallido de demostrar la financiación de Convergència a través de TV3 y El Gran Dictat” fruto de una "invención de la factoría Villarejo". En la entrevista también ha puesto en duda el conocimiento fiscal y de empresa de la jueza (que, según él, “se ha limitado a seguir aquello que decía Hacienda”) y ha reconocido que siente un cierto “glamour” cuando se le pone “en el centro de muchas conspiraciones”.
Le investigan por la financiación ilegal de Convergencia
La Audiencia Nacional investiga actualmente a Madí y a la presunta financiación ilegal de Convergència entre los años 2009 y 2011. En este periodo, Telefónica, Gas Natural y Repsol, compañías con las que Madí declara “no haber tenido ningún tipo de relación comercial”, habrían pagado comisiones al partido a cambio de adjudicaciones.
El informe que lo afirma lo ha elaborado, según el político, "una policía prevaricadora". Madí se ha desvinculado del caso y se ha atrevido a decir que "hay sectores del estado que le quieren meter en prisión", pues "en un momento determinado se le declaró enemigo del estado" por su papel en el procés catalán. “Soy la única persona de este país que lleva 12 años investigada por Hacienda en la actividad privada”, ha dicho antes de acusar a la Agencia Tributaria de ser "una de las patas represoras" del proceso soberanista y de utilizar "mecanismos mafiosos y de extorsión" contra empresarios y periodistas.