La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha alertado hoy de posible rebaja de condenas firmes por corrupción por la futura reforma del delito de malversación que negocian el Gobierno y ERC. El fiscalizador de buena gestión pública ha advertido de que el cambio del tipo penal "podría tener un efecto similar al de la ley del sí es sí", que ha provocado la revisión de penas contra personas condenadas por abuso sexual. 

Lo ha razonado el director de la OAC, Miquel Àngel Gimeno, en rueda de prensa hoy. El alto cargo autonómico ha avanzado que la rebaja del delito de malversación, si se aprueba, tendrá un impacto directo sobre las sentencias ya emitidas sobre malversación. "En derecho penal, lo que no se puede probar no existe. Hay condenas por este tipo penal en las que no se pudo probar el lucro. Si se va por esta senda, se podrían tener que revisar estos fallos", ha abundado Gimeno. 

"Mala noticia contra la corrupción"

El también juez en situación de excedencia ha valorado también que el cambio del delito supone "una mala noticia" para la lucha contra la corrupción, el cometido de su equipo en Cataluña. "¿Se ha debatido el criterio de oportunidad de cambiar ese delito? Todas las normas tienen un contenido de voluntad que se debate en el campo político, pero también de racionalidad. Hay que convenir su existe una necesidad previa [para rebajar las penas del tipo]". 

Gimeno ha sido meridianamente claro. La reforma de la malversación "puede tener otros motivos", pero "envía un mensaje que no es bueno para detener la corrupción". El director de la OAC ha enfatizado que el tipo penal puede tener que cambiarse "por otras razones, pero yo soy la Oficina Antifraude y tengo que ceñirme a las mías". 

"Debate jurídico"

Por ello y ante el peligro de "revisión de sentencias", el director de Antifraude ha hecho hincapié en que se impone un "debate jurídico" sobre la idoneidad de la reforma del delito y sus consecuencias. Ello es así porque si se incorpora la reforma al Código Penal, "las sentencias por malversación en las que no su pudo probar el lucro se podrían cambiar". 

Eso sí, desde la OAC señalan que el debate previo sí es pertinente porque Naciones Unidas prescribe que lo fundamental es "el cumplimiento de la norma" contra la malversación cuando ésta se apruebe. "La ONU recomienda legislar sobre la materia y, una vez hecho, que se cumpla la ley", ha indicado Gimeno. 

Protección de los alertadores y más competencias

En rueda de prensa para presentar una encuesta sobre la mala praxis en gestión pública pocos días después del Día Internacional contra la Corrupción, que fue el pasado 9 de diciembre, la Oficina Antifraude ha vuelto a pedir una legislación específica para proteger a los alertadores. "Hay que trasponer la directiva europea. Me consta que hay trabajo en el Congreso de Diputados y en el Parlament de Cataluña, pero no avanza", ha dicho el también magistrado. 

En el mismo sentido, Antifraude ha reclamado más competencias para el organismo, como la potestad sancionadora para poder arropar a los whistleblowers o personas que dan un paso adelante para denunciar posible corrupción. Esta demanda se sustenta en el aumento de trabajo del ente, que ha pasado de gestionar 150 alertas al año a unas 500, lo que da muestras de la "confianza" de la ciudadanía, ha apostillado su director.