Josep Costa recurre su absolución por desobediencia al "no reconocer la autoridad del TSJC"

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa, absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este miércoles junto a otros tres miembros de la Mesa del Parlament que presidía Roger Torrent por desobedecer al Tribunal Constitucional en 2019, ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Lo hará, ha expresado, porque “no reconoce la autoridad del TSJC”. Costa ha comunicado que “el mero hecho de haber promovido y celebrado el juicio supone un atentado contra la democracia y la separación de poderes”. Se queja, además, de que “no se ha reconocido la inviolabilidad del Parlament”, y reitera que no reconoce la autoridad del Alto Tribunal catalán, por lo que llevará la sentencia absolutoria a Estrasburgo.  

"No reconozco la autoridad del TSJC"

Costa ha añadido, en una entrevista este miércoles en TV3 que siempre declaró que no reconocía la autoridad del Tribunal que juzgó a los miembros de la Mesa del Parlament, por lo que tampoco reconoce ahora la autoridad del mismo para absolverlos.

“Va contra todas las leyes democráticas hacer un juicio, no contra las personas sino contra el Parlament, contra la institución, para penalizar y criminalizar lo que se ha discutido, votado y acordado en representación de lo que la gente ha votado. Eso supone una vulneración de la democracia, de la separación de poderes y un atentado contra la inviolabilidad parlamentaria”, ha manifestado.

Las polémicas resoluciones 

El expresidente de la Generalitat Roger Torrent y los exmiembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, fueron juzgados entre el 5 y el 7 de octubre por desobedecer al Tribunal Constitucional al tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con el proceso independentista.

En concreto, la fiscalía los acusaba de tramitar varias propuestas de resolución a sabiendas de que suponían desoír lo recogido en las sentencias y autos del Tribunal Constitucional. Estas propuestas de resolución, de 2019, estaban relacionadas con el proceso independentista y el derecho autodeterminación, y otras que reprobaban al Rey. Para Torrent, Campdepadrós y Costa, la fiscalía pedía un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros, mientras que para Delgado solicitaba 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.