La reforma del delito de sedición no ha convencido a todos los bandos del independentismo. Entre ellos, la ANC. La entidad presidida por Dolors Feliu ha convocado una manifestación para el próximo 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución, para mostrar su rechazo al cambio del Código Penal anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La reforma requiere un cambio de nombre en el delito, que pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados" y que irá acompañada de una rebaja de las penas. Hoy por hoy, el castigo está establecido entre los 10 y 15 años para las autoridades, que pasará a ser de entre tres y cinco. En cuanto a la inhabilitación, el Ejecutivo propone que sea de seis a ocho años, mientras que en la actualidad es del mismo periodo que la pena prisión. De esta manera, se homologa al de otros países democráticos europeos, como Italia, Francia, Alemania o Bélgica.
El "doble objetivo" de la reforma
Según ha explicado la entidad independentista en un comunicado, la reforma legal tiene "un doble objetivo no disimulado como es castigar la movilización independentista en las calles y penalizar más cómodamente hechos como los del 1-O por ocupar instalaciones o edificios". Una postura que comparten los miembros de Junts. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien expresó su disconformidad con una iniciativa que ve un "truco" de Sánchez, a quien calificó de "maestro del arte del engaño".
Ello pese a que el expresident, fugado de la justicia y procesado por este delito y el de malversación, se beneficiaría de esta reforma. No sólo porque ya no se le podrá juzgar por ese tipo penal, sino porque el delito alternativo ideado por Moncloa reduce las penas de modo que, si el juez instructor Pablo Llarena cambia uno por otro, la prescripción pasará de los 20 a los 10 años. Transcurrido ese tiempo, la responsabilidad penal habrá expirado.
Cárcel por ejercer el derecho de manifestación
En cuanto a la concentración, tendrá lugar el 6 de diciembre a partir de las 12 del mediodía y terminará frente al Palau de la Generalitat. "No podemos dejar que este proyecto tire hacia adelante y menos aún con los votos de nuestros representantes políticos", expresan en la nota de prensa. Además, defienden que, "si bien es cierto que esta reforma de la sedición puede rebajar las penas de cárcel a unos pocos, no lo es menos que también facilita y comporta la aplicación del Código Penal y penas de cárcel a miles de activistas que ejerzan el derecho de manifestación".
En este sentido, recuerdan que el texto presentado recoge que serán castigadas con penas de hasta tres años de cárcel la "invasión de instalaciones o edificios", la "obstaculización de vías públicas que representen un peligro para la vida o la salud de las personas", así como cualquier acto "de intimidación sobre las personas o las cosas".
La presidenta de la ANC, Dolors Feliu / EUROPA PRESS
La organización ha defendido que este texto "llevaría a la cárcel a las decenas de miles de personas que permitieron y protegieron el referéndum sobre la independencia en edificios y escuelas públicas, así como los miles de personas que, ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica, cortaron carreteras o vías públicas para alertar al mundo de la represión del Estado Español".