El Parlamento europeo ha dado un tirón de orejas al Gobierno español sobre el caso del espionaje a políticos catalanes. El informe preliminar redactado por la liberal neerlandesa Sophie in 't Veld considera que "no es posible establecer" la supuesta amenaza a la seguridad nacional que invoca el el Ejecutivo, por lo que ha pedido una definición europea de este concepto.
Miembros españoles del mismo grupo liberal de la ponente, principalmente los eurodiputados de Ciudadanos, han expresado su malestar, lo que augura una batería de enmiendas.
El informe dedica doce de sus 159 páginas al caso español, conocido como CatalanGate y que alude también el espionaje al presidente Pedro Sánchez, y dos de sus ministros. Se evalúan factores como el marco jurídico español o la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y advierte de que ciertas salvaguardias legales al derecho a la privacidad de las comunicaciones en España datan de una época en la que la vigilancia era mucho menos avanzada que ahora.
Espionaje al independentismo
Respecto al caso del espionaje al independentismo catalán, el informe habla de una "tendencia clara" de los intentos de infección de dispositivos, que "coinciden" con momentos de relevancia política como casos judiciales, concentraciones públicas o comunicaciones con los partidarios de una Cataluña independiente que estaban fuera de España.
"Dado que las autoridades (españolas) solo han reconocido 18 de los 65 casos, y que las solicitudes para esos casos no se han hecho públicas, no es posible establecer de qué manera (los casos) hubieran tenido un impacto inmediato o constituido una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad del Estado", apunta el texto.
Definición
Una de las recomendaciones que efectúa el informe se refiere precisamente a la definición de "seguridad nacional" como motivo para justificar un espionaje, y señala que además de mentarlo como tal debe demostrarse que hay un peligro para la seguridad nacional.
"Es necesaria una definición común europea de 'seguridad nacional', que determine qué régimen legal se aplica en estos asuntos, así como una demarcación clara del área en el que dicho régimen especial podría aplicarse", pide la eurodiputada que ha redactado el texto.
Por otro lado, la diputada neerlandesa contrasta el "ritmo rápido" del caso de Sánchez y sus ministros en los tribunales en Madrid con la "lentitud" de la tramitación de las denuncias presentadas en Barcelona por los afectados catalanes, y cita las protestas de uno de los abogados de Oriol Junqueras, Andreu van der Eynde, que ha acusado a la justicia de "virtualmente paralizar" el caso.
La publicación del informe abre ahora una nueva etapa en la comisión de investigación de Pegasus del Parlamento Europeo, creada a raíz de las revelaciones sobre el uso de este spyware en países de la Unión Europea.