El presidente ejecutivo de Mediapro, Jaume Roures, ha intentado desmarcarse de las causas judiciales que salpican al conglomerado audiovisual con sede en Barcelona en las que se investigan delitos relacionados con la corrupción. El ejecutivo ha asegurado en su comparecencia en el Parlament que el llamado caso Triacom no afecta a su compañía, ya que vendió la participación en la empresa y dejó de tener control sobre las decisiones que se tomaban en la misma.
En cuanto al caso sobornos, la red para amañar resultados de partidos y alterar los equipos que jugarían competiciones internacionales que se investiga en Estados Unidos, ha justificado que se trata del "pasado" de Mediapro y que su grupo ya ha tomado medidas para apuntalar el cumplimiento normativo. Todo ello, a escasos meses de que empiece el juicio de la macrocausa en el que está imputado el tercer socio que fundó el conglomerado audiovisual catalán, Gerard Romy, y que se desvinculó de la compañía en el inicio de las pesquisas.
Según el relato de Roures en la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que se ha celebrado en el Parlament, "cuando eres grande, no lo puedes controlar todo". Esta es su principal justificación respecto a los dos principales causas que ensombrecen la gestión de Mediapro, pero no son los únicos. Cabe recordar que el nombre de la compañía también a aparecido en otro escándalos pero, según su presidente ejecutivo, "jamás ha sido condenada", por lo que asegura que todo son meros rumores para afectar al prestigio y reputación del conglomerado audiovisual.
"No hemos sido condenados porque no fuimos juzgados"
Roures, que empezó su carrera laboral en TV3, ha subrayado que Mediapro "no ha sido condenada judicialmente porque jamás ha sido juzgada". Aunque ha tenido que matizar sus palabras por el acuerdo de conformidad con la Fiscalía del distrito este de Nueva York (Estados Unidos) que rubricaron en el marco del caso sobornos. Su filial Imagina reconoció que había pagado mordidas a cambio de derechos audiovisuales e intentó resarcir parte del daño que esta actividad ocasionó, una cuestión básica para rebajar la posible pena que implique el delito.
Según el presidente de Mediapro, esta cuestión es un "asunto de 2015". Ha explicado a los diputados que forman parte de la comisión que "cuando ocurrió, despedimos a los implicados, pagamos una multa de 24 millones de dólares e implementamos medidas de cumplimiento interno de acuerdo con la Fiscalía".
En relación la llamado caso Triacom, que investiga presunto enriquecimiento ilíicito por medio de la venta de programas a TV3, Roures ha asegurado que Mediapro "compró una minoría de esta empresa, como otras muchas, y luego la vendió". Por ello, asegura que cualquier sospecha sobre el desempeño de esta firma audiovisual no tiene relación con su empresa, ya que su posición de socio pequeño le impedía marcar la línea de actuación de la gestión diaria del grupo.