ERC enmienda su propio plan para modificar la zona protegida del delta del Llobregat

Cambio de guion de ERC en la polémica ampliación del espacio natural protegido del delta del Llobregat. En el último consejo metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el partido votó a favor de modificar la nueva ZEPA --siglas de Zona de Especial Protección para las Aves-- puesta en marcha por la Consejería de Acción Climática, liderada por Teresa Jordà y controlada por los propios republicanos. La autocrítica llega apenas cuatro meses después de que la dirigente anunciase su plan para aumentar la ZEPA de 935 a 2.372 hectáreas.

El movimiento de la formación nacionalista llega después de la fuerte contestación a las pretensiones del Departamento, abanderada por Foment del Treball, a la que se han unido también Unió de Pagesos y varios municipios del territorio --prácticamente solo el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, se halla aún del lado de la consejera--. El rechazo se explica por lo que está en juego: la actividad primaria en el Parc Agrari y las inversiones en obras públicas previstas en el entorno de la cuenca del río Llobregat.

"Planteamiento erróneo"

En una moción, aprobada en el pleno del AMB por una clara mayoría, se solicita expresamente al Govern la reelaboración del plan de Jordà en fondo y forma. El texto es rotundo: la modificación propuesta por Acción Climática parte de un "planteamiento erróneo" respecto a las actuaciones de mejora exigidas por la Unión Europea en el paraje.

El origen del contencioso se remonta a 2021. En febrero de aquel año, la Comisión Europea mandó un requerimiento a la Generalitat para subsanar algunas infracciones que habían deteriorado el hábitat. En una carta de emplazamiento, la institución comunitaria exigía una serie de intervenciones en la ZEPA, pero no las limitaba a la delimitación del espacio ni las subordinaba al redimensionamiento del área protegida.

Sin estudios científicos

Aquí radica la malinterpretación del Ejecutivo autonómico. "La carta de emplazamiento analiza y constata el deterioro grave de las especies y hábitats protegidos por las directivas comunitarias a causa de diferentes factores no solo vinculados a la delimitación del espacio", consta en el texto validado en el consejo metropolitano. No es el único punto subrayado: también se exige la incorporación de estudios científicos sobre la avifauna que, a su vez, hagan compatibles las preocupaciones medioambientales con la actividad económica desarrollada en la zona, que tampoco ha sido debidamente sopesada.

De nuevo, el texto es terminante: "No consta ningún estudio que acredite de manera científica la presencia y el estatus de estas especies (nidificante, migrante, hibernante, rara, abundante) en las zonas ZEPA que se pretende ampliar ni tampoco su existencia fuera del ámbito".

Peligra la actividad económica

No es de extrañar que los agricultores que trabajan en el Parc Agrari hayan montado en cólera contra Acción Climática. Si se ensancha la ZEPA, los cultivos quedan en riesgo. "Arruinar al sector agroalimentario tiene graves consecuencias sobre la alimentación del área metropolitana”, afeó en junio Unió de Pagesos.

A lo que el Instituto Agrícola de San Isidro, adscrito a Foment, añade la puesta en jaque de inversiones clave como la ampliación del aeropuerto, la L3 de Rodalies, los accesos al puerto y el Corredor Mediterráneo. Ha sido justamente esta organización empresarial la que de forma discreta pero continuada ha basculado la opinión del territorio contra la propuesta del Govern. Tanto por el empeño en salvaguardar la actividad económica como por el "chantaje" que supone la iniciativa, ya que vincula el sí a la nueva ZEPA con una serie de inversiones en infraestructuras hídricas.

Acción Climática sigue adelante

Por último, aunque Acción Climática pretende armonizar la ampliación con la garantía de la "pervivencia de la actividad agraria" en el delta, la falta de consideración de aspectos relevantes como la ordenación de las lines urbanas, la restauración y regeneración de los terrenos agrícolas o la conectividad ecológica, entre otros, arroja dudas sobre la operación.

Consultado por este medio, un portavoz de la consejería ha señalado que no se parará el trámite y que se seguirá trabajando con todas las partes implicadas para seguir adelante con la iniciativa. Si bien es cierto que la posición del AMB no conlleva ningún frenazo, fuentes consultadas por Crónica Global indican que se está valorando jurídicamente en qué situación queda el proyecto de Jordà.