Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha exigido al nuevo Govern que garantice la estabilidad y que apruebe unos presupuestos de 2023 más sociales. ECAS, federación de entidades que agrupa a más de 115 organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a 962.700 personas al año, celebran la rápida remodelación del ejecutivo catalán tras la salida de Junts per Catalunya (JxCat), pero piden que esa agilidad "consolidr ahora la corresponsabilidad obteniendo los apoyos suficientes en el Parlament para asegurar un gobierno operativo y eficaz, capaz de hacer frente a los retos que encaramos en un nuevo contexto de crisis e incertidumbre global".
Concentración para denunciar la mala gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía / CG
ECAS ya exigió un "nuevo rumbo social", coincidiendo con el Debate de Política General celebrado en el Parlament, que a su juicio "debe trasladarse a las políticas públicas de manera transversal para que la transformación estructural que necesita el país consiga romper con la cronificación las desigualdades, que mantienen una cuarta parte de la población en situación de pobreza o exclusión". Consideran que el plan piloto para una Renta Básica Universal "es el ejemplo más claro de la apuesta por un nuevo paradigma que acabe con los parches y las respuestas puramente paliativas, y para su continuidad son necesarios nuevos presupuestos que permitan desplegarla después de la fase de diseño dotada con 4 millones de euros en 2022".
Más inversión social
Estas entidades entienden que el incremento de la inversión social "debe reflejarse especialmente en las políticas destinadas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pero con un enfoque universal y preventivo que permita avanzar hacia un país equitativo y cohesionado, construido sobre la lógica de los derechos y la justicia social. Es necesario asegurar la calidad de los servicios públicos y una financiación sostenible para todo el sistema de bienestar, incluyendo además de salud y educación, la protección social al mismo nivel".
ECAS apela a la "corresponsabilidad de todo el arco parlamentario para evitar una nueva fase de parálisis y nos ponemos a disposición de las nuevas consejeras y consejeros para reanudar el diálogo y las líneas de trabajo iniciadas con los diversos departamentos con los que las entidades sociales colaboramos". Confían "en el compromiso de las fuerzas políticas y de nuestros representantes para asegurar una acción de gobierno ágil y eficaz que dé respuesta a las crecientes necesidades sociales en el nuevo escenario de tendencias inflacionarias y gran desequilibrio entre el coste de la vida y los ingresos de las hogares".