Fiscalía pide un año de inhabilitación para la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret por facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Se le atribuye un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional en el marco del proceso independentista de 2017.
También se le reclama una multa de 12.000 euros por ayudar a la organización del 1-O.
Los exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Meritxell Serret, en una manifestación en Bruselas / EFE
A disposición de Llarena
La ahora diputada de ERC es una de los cinco miembros del Govern que huyeron del país tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) en octubre de 2017, junto al propio president Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
Después de tres años, se personó por sorpresa ante el Tribunal Supremo (TS) y se puso a disposición del juez instructor, Pablo Llarena, quien la dejó en libertad.
"Consciente de la ilegalidad"
Aun así, la fiscalía sostiene que la exconsejera “intervino en la adopción de algunas de las decisiones ejecutivas necesarias para garantizar” la celebración del 1-O, como miembro del Govern del entonces presidente Carles Puigdemont, que sigue huido.
En el escrito de acusación asegura que, desde finales de enero de 2016, Serret era "plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su proceder".
Meritxell Serret reacciona a la decisión de la fiscalía / TWITTER
"La represión no nos para"
La republicana ya ha reaccionado a la decisión de la fiscalía: “Como siempre, la represión no nos para”. A través de las redes sociales, Serret ha lamentado haberse enterado por los medios. “Como es mala costumbre instalada en ciertas instancias judiciales, nos enteramos por la prensa y no porque haya recibido la información el abogado, como correspondería”.