Junts pide datos sobre la chapuza del Frente Marítimo
El Ayuntamiento de Barcelona vendió el desalojo de Opium sin permiso del Ministerio de Hacienda, que es su titular
12 septiembre, 2022 13:16Junts pedirá explicaciones sobre el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de que desalojará los locales del Frente Marítimo para ampliar las dependencias del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los independentista exigirán información y datos al Ministerio de Hacienda, que no ha dado el plácet de la operación a la Administración local, como explicó este medio.
El grupo que comanda Jordi Martí Galbis ha alertado de que "no se conoce el alcance" del acuerdo entre el Estado y el ayuntamiento para ampliar en los locales de Opium, Shoko, Ice Barcelona, CDLC y Aqua comenzando por el primer club de ocio nocturno. El propio concejal ha advertido de la "opacidad" de la operación, por lo que entrarán preguntas a la Mesa del Congreso de Diputados por medio de la diputada Pilar Calvo.
¿De quién es la propiedad?
Los secesionistas quieren saber "cuál es al situación jurídica y la propiedad" de los cinco locales afectados y si es cierto que el ayuntamiento "no ha solicitado" la cesión de los espacios a Patrimonio del Estado, como informó Crónica Global.
Asimismo, Junts plantea conocer si todos el CSIC utilizará todos los metros cuadrados anunciados --ahora dedicados al ocio nocturno-- y si Patrimonio subastará alguno de los locales si éste no se utiliza para como nuevo anexo del centro ya existente, entre otras preguntas.
Anuncio sin permiso
Cabe recordar que el gobierno municipal anunció en julio que había llegado a un protocolo de intenciones con el CSIC para a ampliar el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) en los espacios que actualmente ocupan los cinco locales de ocio y restauración. El primero que se desalojaría para cambiar el uso a científico e investigador sería Opium, precisó el ayuntamiento.
No obstante, el Ejecutivo local no cuenta con el plácet del titular de los espacios, que es Patrimonio del Estado. El documento firmado con el Consejo Superior es "laxo", como admitieron desde la propia institución.
Mil empleos en riesgo
Asimismo, desde los operadores privados subrayaron que el plan pone en riesgo mil empleos en la zona, y que afecta a negocios que han sido premiados a nivel mundial.
En el mismo sentido, las empresas de la zona se plantean acudir a los tribunales para defender sus derechos, pues gozan de contratos de arrendamiento.