El abogado Gonzalo Boye, que representa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha solicitado de nuevo a la jueza que investigue a los creadores del programa Pegasus, la empresa israelí NSO, por el presunto caso de espionaje a políticos independentistas y a él mismo. No obstante, Boye no ha accedido a entregar su terminal al juzgado, como pedía la jueza.
Este viernes, el abogado ha solicitado de nuevo al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que abra una investigación, pese a que hace dos meses que la jueza María Cristina Díaz decidió inadmitir parcialmente la querella presentada por Boye respecto a la compañía israelí, sus tres fundadores y otras dos mercantiles.
El enfado de Boye
No obstante, la jueza y el ministerio fiscal se mostraron a favor de investigar si “otros” autores habían vulnerado la intimidad y el secreto de las comunicaciones del abogado. Para ello, la magistrada propuso analizar los terminales atacados en busca de indicios que pudieran resultar relevantes para la investigación.
El hecho de que solo se admitiera parcialmente la querella ha molestado al abogado, que considera la decisión de la magistrada “contradictoria”. Según él trata “de manera diferenciada” los hechos al apuntar que el delito lo podrían haber cometido “otros” pero no la comapañía israelí ni sus creadores.
Papel "indudable" de NSO
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado defiende que descartar las pesquisas sobre la empresa de Pegasus debería plantearse "durante el desarrollo de la investigación".
Boye considera que la decisión de la jueza es “manifiestamente irrazonable” y defiende que el papel de las empresas, sobre todo de NSO como creadora del programa Pegasus, fue “indudable” en el proceso de recopilación de información en su teléfono “atacado”.
No entrega el móvil
Hace dos meses, en julio, la jueza solicitó a Boye en un auto que entregara los terminales que habían sido objeto del presunto ataque por parte de un programa malicioso, puesto que el abogado asegura que sufrió 18 ataques mediante notificaciones falsas de Twitter y uno por parte de Pegasus.
Aunque la jueza expresó que los terminales serían remitidos a la Policía Judicial para la elaboración de un informe pericial, Boye todavía no los ha entregado.