Desde que Junts pel Sí y la CUP registraran durante la madrugada del 6 de septiembre de 2017 una petición formal en el Parlament para iniciar la tramitación de la proposición de ley que pretendía dar amparo legal al referéndum unilateral del 1 de octubre, la cifra de “represaliados” no ha dejado de crecer. De hecho, ha seguido aumentando incluso cuando el procés se ha desinflado.
Hasta julio, Òmnium Cultural cifraba en 3.000 las personas “represaliadas por defender el derecho a la autodeterminación” de Cataluña, un número que se ha elevado hasta los 4.200 durante el verano. ¿Pero cómo se contabiliza la cifra de “personas represaliadas por el Estado español”?
Rellenar un formulario
Esta amalgama de datos surge de un formulario que la entidad ha habilitado en su web, en la que cualquier ciudadano puede autodenominarse “represaliado” rellenando unas casillas en las que se debe señalar el contexto en el que supuestamente se ha sufrido una represión por parte de la Justicia o de la Administración.
En este formulario, en el que se debe indicar el cuerpo policial implicado, la fecha de los hechos por los que una persona ha resultado encausada, el momento procesal o el delito o sanción, destacan algunos campos tan ambiguos como “delitos de odio”, “delitos electorales” o “cortes, manifestaciones y protestas diversas”.
El "mapa de la represión"
A partir de estos datos, la entidad independentista ha elaborado “un mapa de la represión” en el que se pueden consultar “las personas represaliadas por motivos políticos desde el 20 de septiembre de 2017 hasta la actualidad”. La lista incluye 1.432 personas investigadas en procedimientos penales, 1.689 víctimas de la violencia policial y de agresiones de extrema derecha, 1.200 que fueron sancionadas administrativamente y las 65 personas presuntamente espiadas en el caso Pegasus.
Entre los “represaliados” figuran también 117 víctimas por “ejercer el derecho de reunión y protesta en las movilizaciones de 2018”. La entidad separatista denuncia que en esas protestas, amparadas por el artículo 155 de la Constitución Española, la policía hirió a varias personas que ejercían su derecho de manifestación. En este apartado, Òmnium enumera los manifestantes que sufrieron heridas y lesiones por parte de los agentes del orden.
La Generalitat, con los “represaliados”
En el caso de la investidura fallida de Puigdemont del 30 de enero de 2018 frente al Parlament de Cataluña, denuncian que tres manifestantes resultaron heridos por parte de las fuerzas del Estado: uno por una fractura de clavícula, otro por una contusión en la rodilla y el último por un traumatismo leve.
Lo que no recoge la lista es que en esa batalla campal resultaron heridos también cinco agentes de los Mossos d’Esquadra que sufrieron lesiones leves. Cabe recordar que durante el juicio contra los siete manifestantes independentistas que les causaron las lesiones a los policías, la Generalitat decidió retirarse como acusación particular, lo que motivó que el juez aplazara la vista. No solo lo hizo del mencionado juicio. El Ejecutivo de Pere Aragonès acordó con la CUP que se retiraría de todas aquellas causas en las que no se pudieran acreditar las lesiones ni identificar a los causantes, lo que levantó ampollas entre los agentes de la policía autonómica y los sindicatos policiales.
“Donde dije digo…”
ERC se comprometió con la formación antisistema a retirarse en bloque como acusación de aquellos procedimientos judiciales en los que la identificación de los agresores no fuese lo suficientemente sólida o en caso de que no hubiese un parte médico que certificase las lesiones de los agentes. Un hecho que no ha podido cumplir.
En el caso del juicio de Marcel Vivet, uno de los más mediáticos, aunque la Generalitat sí que se presentó como acusación, fueron sus propios servicios jurídicos los que presentaron un recurso de apelación contra la sentencia que condenó al activista independentista a cinco años de cárcel por agredir a un agente en la protesta Holi contra Jusapol de 2018. Gracias a este recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rebajó la condena a un año y medio de cárcel, por la que Vivet no tuvo que entrar en prisión.
Los últimos, absueltos
De los 4.200 "represaliados" que maneja Òmnium, una cincuentena han sido los que han terminado enjuiciados. No obstante, cabe destacar que en los últimos juicios celebrados, a excepción de Oriol Calvo --sentenciado a cuatro años de prisión por desórdenes públicos y atentado a la autoridad--, los acusados han sido absueltos.
Es el caso de Adrià Catasús, acusado de golpear al mismo mosso que Marcel Vivet durante las protestas Holi contra Jusapol; de los cuatro imputados por desórdenes públicos que participaron en la misma manifestación que Catasús; de Gina --acusada de desórdenes públicos--; de los tres investigados por la protesta contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona --acusados de desórdenes públicos, atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones--; y de Robert Llach --acusado de desórdenes públicos, atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones--.