La arquitectura republicana: poder absoluto de Puigdemont y retroceso constitucional

Han pasado cinco años desde que los partidos independentistas impulsaron una ley de transitoriedad nacional a modo de arquitectura de la futura república catalana. Una ley que, según los juristas consultados por Crónica Global, suponía un atentado contra el Estado de Derecho y la democracia. La norma, aseguran estos expertos, otorgaba un poder absoluto al entonces presidente catalán Carles Puigdemont y representaba un claro retroceso constitucional.

Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Valencia, explica que “las leyes del referéndum de autodeterminación y de Transitoriedad aprobadas por el Parlament de Catalunya el 6 y el 7 de septiembre de 2017 han sido por lo general vistas como el punto de no retorno en la dinámica del procés: como el acto a partir del cual se rompen todas las amarras con el orden constitucional y se rebasan todos los límites política y jurídicamente infranqueables. Y efectivamente así fue”.

La alegría y decepción de simpatizantes independentistas tras la efímera aprobación de la declaración unilateral (DUI) en octubre de 2017 / CG

Así lo estimaron, añade, “las fuerzas constitucionalistas de Cataluña que se retiraron del hemiciclo a la hora de la votación para no mancharse las manos con ella; así lo entendió el Gobierno de la nación cuando las recurrió de inconstitucionalidad; y así lo corroboró el Tribunal Constitucional cuando decidió primero suspenderlas y después anularlas”.

"Indicio estremecedor"

Pero además de ello, estas dos presuntas leyes “fueron un indicio extraordinariamente revelador de lo que los catalanes podían esperar del procés en caso de triunfo en términos de libertades y de respeto por el Estado de Derecho”.

A juicio del catedrático, “un indicio revelador, pero sobre todo estremecedor” es “el proyecto político de los líderes del procés, la arquitectura republicana: poder absoluto de Puigdemont y retroceso constitucional, estaba llamado a convertir a la futura Cataluña independiente en una autentica república bananera. En un Estado sin división de poderes, sin estructura territorial, sin defensa propia y segregado de Europa, proclamado tras un referéndum en el que cualquiera podría votar, y en el que la limpieza del acto electoral dependía de quienes ya habían hecho campaña por el sí”.

El presidente de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas (i); el diputado de la CUP, Benet Salellas (c), y la diputada antisistema, Gabriela Serra (d), en la presentación este lunes de la ley de transitoriedad en el Parlament / EFE

Flores insta a recordar que “la inmediata anulación de ambas leyes y, en general, la suspensión de la autonomía catalana impidió, sí, la segregación de Cataluña. Pero también la desaparición de la democracia de la que desde décadas atrás venían disfrutando sus ciudadanos”.

"Texto inquietante"

Para Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), “la ley de transitoriedad jurídica es un texto inquietante. Se configuró como una especie de Constitución provisional que fijaba, además, el proceso constituyente de la nueva república. Su texto, sin embargo, representaba un claro retroceso respecto a la arquitectura constitucional de la Constitución española de 1978”.

En este sentido, precisa que, en esa norma, “la Administración de Justicia quedaba, en su Tribunal Supremo, sometida a condicionantes políticos de mayor intensidad que los actuales. La misma ley, excepto en los derechos fundamentales, carecía de cualquier órgano que velara por su supremacía”. Y en cuanto al proceso constituyente, “un ‘Foro Social Constituyente’, no elegido, disponía de la facultad de imponerse a la Asamblea constituyente, ésta sí elegida”. En síntesis, indica Arbós, esa ley “representaba un retroceso notable respecto a lo que el constitucionalismo europeo había consolidado a finales del siglo XX”.

Acabar con la separación de poderes

El profesor en el Grado de Filosofía, Política y Economía de la Universidad Ramon Llull, París Grau, sostiene que “el independentismo catalán se propuso acabar con el orden constitucional, con el Estado de Derecho, en definitiva con los derechos y libertades de todos los catalanes. El nuevo marco jurídico que se quería establecer pretendía acabar con la separación de poderes y otorgar a Puigdemont poderes absolutos”.

Al no tener grandes mayorías, precisa Grau, “ni tener el apoyo ciudadano, ni el respaldo internacional --el 1 de octubre se demostró que así era--, buscaron controlar a los ciudadanos a través de leyes. Aquellos hechos fueron un punto de inflexión en todo el proceso separatista, ya que la voluntad de destrucción de los derechos y libertades de los ciudadanos parecía una realidad, y el preludio del intento de golpe de Estado del 1 de octubre y los días posteriores".

Leyes antidemocráticas

Para Pere Lluís Huguet, abogado y expresidente del Consejo de la Abogacía, “el problema de lo ocurrido en Cataluña el 6 y 7 de septiembre no es solo el atentado que supuso al parlamentarismo la aprobación de las dos leyes de desconexión, vulnerando los procesos parlamentarios, los derechos de la oposición, sin permitir enmiendas, sin permitir el debate; fue todo lo contrario a lo que se entiende por democracia”. Afirma que los independentistas ,”pretendieron aprobar una Constitución provisional, la Ley de Transitoriedad Jurídica, en unas pocas horas. Pero sucedió algo todavía más grave, el propio contenido de las dos leyes que aprobaron era profundamente antidemocrático”.

Lluís Llach, presidente del Consejo Asesor del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, en la presentación del Consejo para la República / CG

Huguet recuerda que, el día que hicieron pública la fecha del referéndum y el texto de la pregunta, “me invitaron a un debate en TV3 con la actual presidenta de la ANC (Assemblea Nacional Catalana), entonces directora de los Servicios Jurídicos de la Generalitat, Dolors Feliu. Le planteé el profundo carácter antidemocrático de algunos aspectos de la ley, entre ellos que las decisiones imponiendo sanciones de la Sindicatura Electoral eran irrecurribles, algo inaudito en un Estado de Derecho, lo que no respetaba mínimamente los protocolos de la Comisión de Venecia para consultas refrendarias. Y ¿saben lo que me contestó? Que eso no era lo importante, que ya lo arreglarían después. Lo importante para ellos no era ni el respeto a los derechos fundamentales, ni el respeto al Estado de derecho. Fue un auténtico golpe a la democracia”.