El Govern ha exigido mayor flexibilidad y claridad en la aplicación del Real Decreto para el ahorro energético en el transcurso de la reunión mantenida este lunes entre las ministras de Transición Ecológica y Comercio y sus homólogos a nivel autonómico. Pero a su vez la Generalitat de Cataluña se ha desmarcado de la derogación de la norma reclamada por las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Antes de que se iniciara el cónclave, el secretario catalán de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, ha manifestado en una entrevista radiofónica que existen importantes imprecisiones dentro de la normativa que generan "inseguridad jurídica" entre los sectores afectados. De hecho, el Gobierno ya tuvo que enmendar su propio plan para rebajar la temperatura máxima permitida en la restauración.
Críticas del Govern
Así, Castellanos ha puesto como ejemplo los límites de temperatura en las estaciones de transporte público. Por otro lado, ha advertido de que "no queda claro en el redactado qué medios hay para garantizar el cumplimiento, cuál es el régimen sancionador", ha advertido Castellanos. Ha explicado que no se precisa de qué forma deben implementarse las distintas medidas las comunidades autónomas, por lo que durante la reunión ha demandado más recursos económicos para que el decreto no sea "más efectista que efectivo".
Castellanos ha redoblado sus críticas tras el encuentro. Ha lamentado que no se "ha tenido en cuenta ninguna de las críticas y opiniones que han surgido" durante el cónclave. "No se ha resuelto ninguna de las dudas generadas", ha afirmado.
Cataluña y País Vasco, alineadas
Pese a estos posicionamientos, Cataluña no ha planteado durante la reunión una suspensión del real decreto, como sí han hecho Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. Asimismo, estas regiones han reclamado elevar la cuestión a una Conferencia de Presidentes esta misma semana.
El pasado 2 de agosto, el presidente Pere Aragonès ya aseveró que "no entraría en una guerra competencial" por este asunto. En este sentido, el Govern se ha alineado con el País Vasco a la hora de pedir más claridad en el articulado y mayor tiempo y recursos para llevar a cabo las actuaciones.
Respuesta de Ribera
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha descartado que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto, aunque ha aceptado que haya más flexibilidad en su ejecución. "No es intención del Gobierno retirar el decreto-ley. Al contrario, tenemos un compromiso con Europa y todas las reducciones de consumo energético y de gas computan", ha señalado la ministra tras la celebración del encuentro.
Entre las principales medidas del plan de ahorro se hayan el control de la temperatura tanto en establecimientos públicos como privados, el apagado de escaparates e iluminación y la instalación de sistemas de cierre automático de puertas exteriores, entre otras.