El Real Decreto aprobado este lunes por el Gobierno establecerá medidas de ahorro energético que incluyen la regulación de temperaturas en diferentes ámbitos, como comercios, cines, oficinas y transporte público, así como el apagado de las luces a partir de cierta hora salvo que sea necesario tenerlas encendidas. En este escenario, muchos se preguntan: ¿pasaremos todavía más calor en verano?
Esta normativa se pondrá en marcha de forma urgente, con un periodo de adaptación de una semana desde su entrada en vigor. Crónica Global ha salido a la calle a preguntar qué opina la población sobre poner el tope del aire acondicionado en 27º en verano y la calefacción a 19º en invierno. Existen detractores y partidarios de la medida, aunque muchos, igual que hace la patronal Foment del Treball, piden adaptar las temperaturas a las “diferentes realidades climáticas” del país.
El comprador y el comerciante, en contra
La mayoría de los viandantes consultados ve con malos ojos la subida de las temperaturas en verano, como dos chicas procedentes de Vilafranca del Penedès. “Creo que afectará al negocio y a mis compras”, explicaban mientras iban de tienda en tienda huyendo de los 34º que se sufrían en la calle. De hecho, se habían trasladado a pasear a la capital catalana en Rodalies y, al enterarse de los 27º, aseguraban que, de ser así, no saldrían del pueblo, “al menos, en tren”.
Con este panorama, los ciudadanos barceloneses, especialmente los más jóvenes, auspician un auge todavía mayor de las compras y el ocio por internet en detrimento del comercio físico, dado que no comparten el tope de los 27º. Tampoco los comerciantes lo aprueban. De hecho, la Associació del Passeig de Gràcia considera “demasiado alta” esta temperatura en el comercio, hostelería y restauración, ya que puede provocar “incomodidad” en los clientes. Además, ha recordado que dicha normativa tendría que aprobarla la Generalitat.
En relación con el apagado de las luces, los comerciantes del paseo de Gràcia aseguran que esta medida aprobada por el Consejo de Ministros este lunes “comporta el riesgo de hacer que los centros de las ciudades sean lugares más oscuros e inseguros”. De hecho, la asociación insiste en que se trata de medidas tomadas “un poco a prisa y corriendo, sin haber escuchado a los representantes de los sectores económicos que afectan muy directamente”. También ellos prevén un descenso de las ventas presenciales.
Beneplácito del Govern, pero no de Madrid
Estas medidas de ahorro energético, que en la práctica suscitan reservas en los sectores afectados, han sido avaladas por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), aunque ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) no las haya consultado con el Ejecutivo catalán ni el resto de las autonomías, que son los que las deben aplicar: “No haremos una guerra competencial”, ha comentado.
“Las medidas que son de sentido común se llevarán a cabo y las que sean de obligado cumplimiento, también”, ha sentenciado el president, en contraste con la postura de la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha avisado de que “Madrid no se apaga”, en referencia a la otra medida de no iluminar los escaparates ni los edificios públicos a partir de las diez de la noche. El equipo de la dirigente madrileña estudia llevar al Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto de ahorro energético, mientras asegura que no aplicará las medidas en la autonomía.
Por otro lado, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia (comuns), ha asegurado que el plan energético del Gobierno para reducir el consumo de luz "apunta en la buena dirección para cambiar las temperaturas de confort", algo que ha considerado que supone una reforma destacada en el uso inteligente de la energía.
Un escenario convulso en el que los comerciantes y establecimientos de hostelería temen perder clientes, y estos ya preparan nuevas alternativas para su consumo. Las últimas olas de calor han tocado a la población, que no acaban de divisar el ahorro energético real de estas medidas aprobadas por el Gobierno.