Òmnium Cultural ha anunciado una demanda ante la Sala Contenciosa Administrativa de la Audiencia Nacional contra el Ministerio del Interior por supuestas infiltraciones policiales en las juventudes independentistas del Sindicat de Estudiants de los Països Catalans (SEPC) y Jovent Republicà.
El abogado de la entidad, Benet Salellas, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por la protección de los derechos fundamentales, después de que su requerimiento del 6 de julio de 2022 haya sido desestimado por silencio administrativo, según han explicado en un comunicado.
"Prácticas ilegales"
En este requerimiento la organización independentista instaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que "parara las prácticas ilegales de infiltración de agentes policiales en los movimientos juveniles e independentistas". El escrito lo presentan en nombre de Òmnium, la Associació d'Estudiants en Defensa de l'Educació Pública y Joventuts d'Esquerra Republicana.
El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska / EUROPA PRESS
Según Europa Press, la entidad presenta la denuncia por presunta vulneración de los derechos fundamentales de intimidad y asociación y también la desviación de poder.
"Causa general del independentismo"
El presidente de Òmnium Xavier Antich, asegura que la supuesta intención de la policía de infiltrarse en juventudes independentistas forma parte "de la causa general del independentismo" y que, con ello, persigue criminalizar la disidencia política. "Que la policía se infiltre en organizaciones juveniles democráticas es más propio de un régimen totalitario que de un estado de derecho", ha lamentado.
El escrito presentado narra que un agente de la policía nacional estuvo militando durante dos años en el Sepc, un colectivo vecinal y un casal popular. También dice que agentes policiales "intentaron captar" a un militante del Jovent Republicà a raíz de su interés en entrar al cuerpo de Mossos d'Esquadra, a lo que supuestamente se ofrecieron a ayudarle.
Òmnium afirma que este supuesto intento de convertir al estudiante en un confidente "no se encuentra amparado normativamente" puesto que, según el escrito presentado, las dos organizaciones no están siendo investigadas por ningún delito ni han realizado ninguna actividad criminal.