La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se encuentra un paso más cerca del juicio por corrupción después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya inadmitido su último recurso. En concreto, la sala considera que la también presidenta de Junts “abusa” de la figura de la recusación que ha solicitado contra el magistrado que lleva la causa.
Fue la semana pasada cuando el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, presentó un recurso dirigido “exclusivamente” contra la desestimación de la recusación del juez instructor Carlos Ramos, al que acusan de “falta de imparcialidad” e “indebidas prisas” para cerrar el procedimiento. Pero el TSJC ha inadmitido la última bala de los acusados para evitar la apertura de juicio oral contra la presidenta, cuestión prevista para los próximos días.
Recusación abstracta
En una pieza separada de recusación, el TSJC recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha declarado que las recusaciones basadas en motivos de orden general y abstracto o con manifiesto abuso –es el caso de las invocadas por la representación de la señora Borràs— pueden ser inadmitidas razonadamente por el propio magistrado recusado, sin que ello sirva para cuestionar su imparcialidad”.
En este sentido, añade también que “la preocupación de un instructor porque el procedimiento no sufra dilaciones indebidas a causa de actos procesales fraudulentos y/o abusivos de las partes es absolutamente legítima y no es ni puede ser demostrativa de ningún interés espurio”.
El reglamento del Parlament
La fiscalía, cabe recordar, pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs por delitos continuados de prevaricación y falsedad documental cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Fue allí desde donde, según los indicios, fraccionó contratos para poder adjudicarlos a dedo –el beneficiario fue un amigo suyo, Isaías Herrero—. Ella se declara inocente, se niega a dimitir y enmarca su causa en una campaña de persecución al independentismo, aunque incluso sus socios (ERC) han desvinculado ambos extremos.
Si, finalmente, el magistrado abre juicio oral a Borràs, el Parlament deberá debatir si se la suspende en aplicación del reglamento de la Cámara, que ogliba a hacerlo en el caso de los diputados que esperan juicio por corrupción y cuentan con un auto de apertura de juicio oral y firme.