Hablamos Español apuesta por llevar la nueva ley del catalán al Constitucional

La entidad Hablamos Español ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) la voluntad de llevar la ley y el decreto ley sobre el catalán en las aulas ante el Tribunal Constitucional. La entidad apoya llevar la ley ante el Constitucional para que se declare su “inconstitucionalidad”.

Lo han hecho después de que los magistrados del TSJC pidieran a las partes que se pronuncien sobre la posibilidad de elevar la cuestión al constatar la imposibilidad “legal” de aplicar el 25% de castellano que marca la nueva normativa.

“Nivel de inconstitucionalidad grotesco”

Los abogado de Hablamos Español consideran que el nuevo marco legal sobre el uso de las lenguas en las escuelas catalanas es fruto de un “uso desviado” de la potestad legislativa que, a su juicio, buscaba evitar dar cumplimiento a la sentencia del 25% del castellano en las aulas.

La entidad considera que la nueva ley del catalán presenta un “nivel de inconstitucionalidad grotesco”. Argumenta que al considerar al castellano lengua curricular le están negando la condición de vehicular, como la reconoció tanto el Tribunal Constitucional como el TSJC.

La ley no será suspendida automáticamente

En su escrito, los abogado de Hablamos Español recuerdan que la cuestión de inconstitucionalidad no permite suspender automáticamente la ley, que sería posible si la normativa fuera recurrida por el presidente del Gobierno.

Solicitan que, antes de suspender la ejecución del 25%, los magistrados requieran “con carácter previo a la representación del Ministerio de Educación para que manifieste si el presidente del Gobierno va a interponer" un recurso contra las dos nuevas normas.

La fiscalía no ve indicios de delito

La entidad se pronuncia después de que la fiscalía descartara que el conseller de Educación, Josep María González-Cambray, cometiera desobediencia y prevaricación en su respuesta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a garantizar un 25% de castellano en los colegios de Cataluña. 

El ministerio público no ve delito ni en las instrucciones que dio a las escuelas ni en la aprobación de la nueva ley sobre el uso del castellano en las aulas.