Anna Gabriel y Meritxell Serret son las dos únicas políticas fugadas por el procés que han regresado a España. Este martes, la exdiputada de la CUP se presentó voluntariamente y por sorpresa ante el Tribunal Supremo (TS) con la intención de regularizar su situación tras más de cuatro años huida de la justicia en Suiza.
De esta forma, la antisistema ha seguido los pasos de la que fue consellera de Agricultura, Meritxell Serret, quien también volvió al país en marzo de 2021, en su caso tras permanecer fugada en Bélgica desde octubre de 2017. Serret se puso a disposición del juez instructor, Pablo Llarena, quien a pesar de haber decretado una orden internacional de detención, la dejó en libertad. Lo mismo ha ocurrido con Gabriel, que ha sido citada a declarar el 14 de septiembre por desobediencia --delito por el que fue investigada--. Ambas tienen otra cosa en común: su abogado, Iñigo Iruin, un histórico de la izquierda abertzale.
La diputada de ERC, Meritxell Serret, para quien la fiscalía pide un año de inhabilitación y una multa por el 1-O / EUROPA PRESS
Sin riesgo de ingresar a prisión
Sin embargo, contra la cupaire no existía ninguna orden europea de detención, por lo que a lo máximo que se enfrenta es a una multa de hasta 12 meses y la inhabilitación para empleo o cargo público. Como ocurrió con la exconsellera, no tiene riesgo alguno de que ingrese en prisión siquiera cautelarmente.
Un caso similar al de Gabriel es el de su compañera de partido entonces, Mireia Boya, que fue exonerada de cualquier delito relacionado con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que tuvo lugar en el Parlament de Cataluña en octubre de 2017. El tribunal de la Sala Civil y Penal decidió que debía librarla de haber cometido un delito de desobediencia, ya que la CUP sólo se limitó a tramitar iniciativas independentistas contrarias a la legalidad, pero no formaba parte de los órganos institucionales, ni de la Mesa del Parlament ni del Govern.
Los fugados de la justicia
Hoy por hoy, continuan huidos de la justicia el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira, quienes tenían mayores responsabilidades en el Govern de entonces. Por el momento, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, apuesta por que Bélgica extradite a Puig y Puigdemont, pues ha dado la razón a Llarena al considerar que la justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el procés reclamados por el Supremo si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España.
Sobre el futuro del expresidente de la Generalitat prefieren no pronunciarse en ERC. Al ser preguntados sobre si debería seguir el mismo camino que Anna Gabriel, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, no ha querido entrar este martes en las decisiones, acciones o movimientos que pueda hacer Puigdemont para regresar y rendir cuentas ante la justicia española.