La exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha regresado a España por sorpresa y ha comparecido voluntariamente este martes ante el Tribunal Supremo (TS). Así pues, se ha puesto a disposición del mismo para regularizar su situación tras más de cuatro años huida de a justicia.
La antisistema fue destituida el 28 de octubre de 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó en Cataluña el artículo 155 de la Constitución. Más tarde, en marzo de 2018, se fugó a Suiza junto a Marta Rovira (ERC) tras ser procesada por su posible implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). En julio de ese mismo año fue declarada en rebeldía.
Declarará próximamente
La antisistema ha asistido al tribunal acompañada de su nuevo abogado, Íñigo Iruin (representante legal y político de la izquierda abertzale) pero ha rechazado hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Tras comparecer, el magistrado Pablo Llarena --instructor de la causa del procés-- la ha dejado en libertad y será citada a declarar próximamente por desobediencia.
Anna Gabriel fue investigada por este delito. Sin embargo, no existía contra ella ninguna orden europea de detención. Se le persigue por una falta que no acarrea una pena de prisión, sino de multa de hasta 12 meses y la inhabilitación para empleo o cargo público.
Auto del juez Llarena
El auto del magistrado indica que "considerando que la orden de detención de la investigada se dictó por su incomparecencla al llamamiento judicial a efectos de recibírsele declaración, así como el estado actual de la presente causa, y que la pena prevista para el delitó de desobediencia es de multa e inhabilitación para cargo público por tiempo de hasta dos años, habiéndose puesto la procesada a disposición del Tribunal para la continuación de las actuaciones conforme a derecfio, procede dejar sin efecto la declaración de rebeldía, así como la busca, detención y presentación ordenada contra ella".
Añade que la "libertad provisional" implica la "designación de un domicilio y teléfono donde pueda ser localizada inmediatamente" y la "comparecencia ante este órgano judicial cuantas veces fuere llamada". El juez Llarena advierte de que !cualquier incumplimiento de las obligaciones impuestas conllevaría la modificación de su situación personal".
Precedente de Mireia Boya
Sin tener en cuenta su huida de la justicia, el caso análogo que afecta a Anna Gabriel es el de su ya excompañera de partido Mireia Boya. La política aranesa fue exonerada de cualquier delito relacionado con la declaración de independencia simbólica que tuvo lugar en Cataluña en octubre de 2020. El tribunal de la Sala Civil y Penal decidió que debía absolverse de haber cometido un delito de desobediencia "con todos los pronunciamientos favorables, por entender que su condición de diputada y presidenta de la CUP-CC no le otorgaba las capacidades de intervención sobre la iniciativa que exige el tipo penal de la desobediencia", tal y como se indica en la sentencia publicada.
En ese momento ya se advirtió que la decisión del Supremo abría la puerta a que su compañera de filas en esa legislatura quedase exonerada, ya que ambas se hallaban en una situación similar. Es decir, que su partido solo se limitó a tramitar iniciativas procesistas pero al no estar ni en el Govern ni en la Mesa del Parlament no tomaron ninguna decisión al margen de la ley. Finalmente, Gabriel ha tardado dos años en regresar a España.