Anna Gabriel ha regresado a Suiza tras declarar ante el Tribunal Supremo. De hecho, residirá en Ginebra hasta que los magistrados le llamen de nuevo a España para declarar en la causa abierta por desobediencia que pesa sobre ella.
Puede dar este paso porque el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, no le ha pedido que entregue su pasaporte. Las únicas obligaciones que debe cumplir la exdiputada de la CUP son las de desinar un “domicilio y teléfono donde pueda ser localizada de forma inmediata” y la “comparecencia ante este órgano judicial cuantas veces fuere llamada”. Además, ha dejado sin efecto la orden de “búsqueda, detención y presentación, así como la de rebeldía, acordadas en su día” contra la expolítica independentista.
Recuperar la “libertad de movimientos”
Gabriel ha canalizado este anuncio a través del llamado grupo de apoyo Free Anna Gabriel. Justifica que su decisión de regresar a España y comparecer de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo “responde a una serie de consideraciones, reflexiones y análisis que tienen que ver tanto con el contexto político como el judicial general” y reconoce que busca “recuperar la libertad de movimientos” tras cuatro años y medio sin poder salir de Suiza.
“Ya habrá tiempo para hablar de forma tranquila de todo, para hacer una valoración política, tanto en clave colectiva como individual”, ha remarcado. También reconoce que sus circunstancias personales han cambiado y deja claro que se considera una “persona represaliada” y que sus “compromisos políticos y sociales siguen donde estaban, con mi pueblo y con mi gente”.
Cabe recordar que Gabriel ha cambiado de abogado. Ha elegido a un histórico defensor de la izquierda abertzale, Íñigo Irún, que fue diputado de Herri Batasuna en el Parlamento Vasco y defensor de varios jóvenes vinculados a la desaparecida banda terrorista ETA en varios procesos judiciales. Es decir, cuenta con una dilatada experiencia en causas ante el Tribunal Supremo.
Precedentes de absolución
Además, los precedentes que existen apuntan hacia su absolución. Fue procesada en marzo de 2018 por su posible implicación en la declaración unilateral de independencia (DUI) simbólica de Cataluña por desobediencia.
La misma acusación que recibió su entonces compañera de filas en el Parlament Mireia Boya. Pero la aranesa fue exonerada en octubre de 2020, ya que el tribunal de la Sala Civil y Penal consideró que su “condición de diputada y presidenta de la CUP-CC no le otorgaba las capacidades de intervención sobre la iniciativa que exige el tipo penal de la desobediencia”.
Secretaria general de un rico sindicato suizo
Gabriel ha alegado que debe regresar a Suiza para atender a su “responsabilidad como secretaria general del sindicato UNIA del cantón de Ginebra”. Esa es su obligación actual, gestionar la mayor plataforma social helvética que cuenta con unos activos valorados en 780 millones de euros y aglutina más de 200.000 afiliados en noviembre de 2021.