Carta de los defensores del castellano a Sánchez: "El Govern dialoga para romper"

Escuela de Todos, plataforma de entidades que defiende el bilingüismo, ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que advierte de que la Generalitat utiliza la mesa de diálogo para "profundizar en la ruptura del marco constitucional".

Estas asociaciones han aprovechado la reunión que hoy mantendrá Sánchez con Pere Aragonès en la Moncloa para poner como ejemplo de falta de lealtad del Govern "la situación de desigualdad en el tratamiento de las lenguas vehiculares" en la educación y el incumplimiento de la sentencia que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en castellano. 

"Ruptura del marco constitucional"

"Debemos mostrarle --indican en la carta-- nuestra más absoluta desconfianza en relación con la constitución de una Mesa de Diálogo en la que la prioridad del gobierno nacionalista es profundizar en la ruptura del marco constitucional. No obstante, y en aras a la superación del conflicto, nos parece imprescindible que tenga en cuenta que las peticiones formuladas por el gobierno catalán no responden a los intereses de todos los ciudadanos, sino que se centran en reclamaciones de corte identitario y rupturista que tratan de ahondar en la deslegitimación de la Constitución española".

A su juicio, "una expresión de la falta de lealtad constitucional del Gobierno de Cataluña se manifiesta en la situación de desigualdad en el tratamiento de las lenguas vehiculares que padecen los alumnos en la enseñanza no universitaria. Esa desigualdad ha sido el origen de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo) que pretende garantizar el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano y en catalán en el sistema educativo de nuestra Comunidad Autónoma".

"Dolorosa inactividad del Gobierno de España"

Recuerdan que las "autoridades tienen obligación de cumplir y hacer cumplir las sentencias, pero el Gobierno catalán ha desarrollado actuaciones destinadas a hacer inviable el contenido de la sentencia con la dolorosa inactividad del Gobierno de España. Entre ellas destacan la aprobación de la Ley 2 catalana 8/22 y el Decreto Ley 6/22 con contenido aparentemente contrario al ordenamiento jurídico lo que puede derivar en la posible interposición de cuestión de inconstitucionalidad contra ellas".

La Plataforma Escuela de Todos ha comparecido en el procedimiento de ejecución de la citada sentencia a través de la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) en defensa de los intereses de más de 1.600 familias y ha solicitado la ejecución forzosa de la sentencia "porque no queremos que el enorme trabajo desarrollado por nuestras entidades en defensa del modelo constitucional de enseñanza en Cataluña caiga en saco roto o arrastre inconvenientes añadidos por la mala fe de los gobernantes de la Generalitat o la abstención o complicidad del Gobierno de España".

En Cataluña, aseguran en la misiva, "en contra de lo que manifiesta el documento de trabajo de la citada Mesa de Diálogo, la judicialización de la política no es un problema trascendental salvo para los infractores o delincuentes. La cuestión preocupante es la constante vulneración de la seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva de aquellos ciudadanos que acuden a los Tribunales para reclamar los derechos lingüísticos que, especialmente en el ámbito de la educación, las autoridades catalanas les expropian arbitrariamente".

Consideran que el Gobierno de España "no puede desconocer que a los alumnos catalanes se les niega el derecho a estudiar también en castellano y que, desde hace treinta años, la Generalitat incumple el mandato constitucional de garantizar la enseñanza vehicular en español en los centros educativos".

Esa situación "es de una enorme gravedad si se tiene en cuenta, además, que el español es la lengua materna mayoritaria en Cataluña y también de los alumnos catalanes". Aseguran que "los alumnos son discriminados por razón de lengua con clara vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 14 y 27 de la Constitución española. A esa vulneración se añade un problema muy grave de convivencia por la agresividad que padecen aquellas familias que reclaman amparo en los tribunales de justicia. Sorprendentemente, hablan de Mesa de diálogo y convivencia, pero las autoridades catalanas no la practican con una parte muy significativa de sus ciudadanos a los que se les discrimina por su ideología".

Escuela de Todos ha pedido reunirse con el Presidente de la Generalitat y con el consejero de Educación pero "hemos sido ignorados". Avisan de que los conflictos que se quieren evitar "se enquistarán y crecerán si la administración utiliza sus herramientas contra los ciudadanos".

"La Generalitat y el Gobierno de España tienen que aprovechar el diálogo para poner fin a un conflicto que amenaza el Estado de Derecho, pero da la impresión, en cambio, de que trabajan para consensuar medidas en contra de los derechos fundamentales y favorecer el fraude legal que han diseñado las autoridades catalanas para eludir el cumplimiento de las tres sentencias que obligan a implantar un modelo de educación bilingüe en catalán y castellano en la escuela catalana".

"En interés de los catalanes"

Por eso "demandamos que en su condición de Presidente del Gobierno de España, priorice el interés general de todos los españoles y, particularmente, el de los alumnos catalanes y para ello, en la reunión que va a celebrar en el día de hoy, requiera al Presidente de la Generalitat para que se comprometa a hacer posible en el próximo curso 2022-2023 la implantación en la enseñanza no universitaria de un modelo que garantice a los alumnos catalanes el derecho a ser educados con carácter vehicular en castellano y en catalán, y también en aranés en el Valle de Arán".

Asimismo, instan a Sánchez a "advertir de que si no se retiran los instrumentos legales que dificultan la ejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 2020, interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/22 y el Decreto 6/22 de la Generalitat de Cataluña y, al amparo del artículo 30 de la Ley del Tribunal Constitucional, solicitará la suspensión de su eficacia".