El conseller de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray (ERC), redobla su desafío a las sentencias judiciales firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Si primero fue el Govern secesionista quien trató de burlar la orden judicial de obligado cumplimiento de impartir al menos un 25% de las clases en lengua castellana en la autonomía mediante la aprobación de un decreto-ley para incumplirla, ahora su responsable educativo ha protagonizado un nuevo amago de desobediencia amenazando con retirar ese porcentaje en aquellas escuelas donde ya se aplica.
Ante esta situación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha respondido a Cambray advirtiéndole de que solo la justicia puede revertir las sentencias y medidas cautelares que obligan a impartir ese mínimo de 25 % de clases en castellano en sistema de inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesto por la Generalitat en las últimas tres décadas.
Así, la entidad defensora del bilingüismo avisa al conseller de las "graves consecuencias" que implica incumplir las resoluciones judiciales.
El 'conseller' desafía a la justicia
Cambray insistió este miércoles en una rueda de prensa que la nueva normativa lingüística aprobada tanto por el Govern como por el Parlament "servirá para que en ninguna clase del país se apliquen porcentajes", incluidas las 47 aulas catalanas donde ya se está aplicando el 25 % de las materias en lengua castellana gracias a sentencias judiciales firmes en casos individuales.
El mandatario de ERC también ha señalado que el gabinete jurídico de su consejería está trabajando en "las medidas procesales pertinentes para hacer efectiva y adecuar estas sentencias existentes a la nueva normativa del sistema educativo catalán".
Incumplimiento de sentencias judiciales
Sobre este punto, la AEB ha considerado una "amenaza" las palabras del conseller y recuerda que solo la justicia puede dejar sin efecto las sentencias firmes y medidas cautelares que obligan a impartir un 25 % de castellano en estas 47 aulas.
"Ante la amenaza de Josep Gonzàlez-Cambray de retirar el 25 % de castellano a las familias que lo han conseguido, solo la justicia puede dejar sin efecto estas sentencias y medidas cautelares. Le advertimos de las graves consecuencias de incumplir las resoluciones judiciales", remarca la entidad probilingüismo.