Un juez ha procesado al escopetero de la Policía Nacional que presuntamente causó la pérdida de un ojo a Roger Español por el disparo de una pelota de goma en la jornada del referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1-O de 2017, estando al mando de este dispositivo ante la escuela Ramon Llull de Barcelona, así como a otros dos agentes del cuerpo por golpear en este colegio a otros ciudadanos.

En el auto de procesamiento, el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha acordado procesar a estos cuatro policías, ante lo que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de cinco días, y exime de los hechos a otros agentes del cuerpo investigados en este dispositivo policial.

Español, también procesado

Además, en el mismo auto, el magistrado procesa también por atentado a agente de la autoridad a Roger Español, simpatizante secesionista que fue candidato de Junts per Catalunya al Senado en 2019 y que durante la jornada del 1-O sufrió esta lesión ocular grave, por presuntamente lanzar previamente una valla a la línea policial.



El juez instructor, en el auto de procesamiento, imputa al agente de la Policía Nacional que disparó esta pelota de caucho causando "graves lesiones" a Roger Español, al entender que incumplió las "medidas de seguridad contempladas en la circular sobre empleo de material antidisturbios".

El caso de los policías

El juez procesa también al mando de la Policía Nacional que era el responsable de esta actuación policial investigada, en la medida en que fue "el primero en usar la defensa policial contra personas sentadas en el suelo, ordenando así su uso a sus subordinados".



Sostiene además el juez que este policía ahora imputado "ordenó y permitió por sus subordinados el uso de pelotas de caucho fuera de los supuestos previstos en la circular interna" del cuerpo de la Policía Nacional.

En cuanto a los otros dos agentes del cuerpo, el magistrado instructor los procesa por "el uso de la defensa sobre personas sentadas en el suelo", incumpliendo presuntamente la normativa relativa al uso progresivo de medios y a la utilización de la defensa policial.

Una docena de lesionados

La instrucción dirigida por este juzgado deriva de las denuncias presentadas por una pluralidad de personas contra agentes de la Policía Nacional, en concreto, de una docena de votantes, en el transcurso del operativo policial desarrollado el 1-O en la calle Sardenya de Barcelona.



El auto recoge las lesiones sufridas por esta docena de votantes debido a la actuación policial, entre ellas, la de Roger Español, quien padeció un "estallido ocular derecho, con fracturas en las paredes anterior y lateral del seno maxilar derecho, de la pared lateral e inferior orbitaria derecha" y "apófisis nasal del maxilar derecho".

Según consta en el auto, Roger Español tardó en sanar de sus lesiones 120 días, de los cuales 9 fueron de hospitalización, y sufre una serie de secuelas como pérdida de la visión del ojo derecho, importante perjuicio estético derivado del traumatismo ocular, parestesia/hipoestesia del cuadrante superior del maxilar derecho por analogía y sintomatología ansiosa depresiva.

Tensión

El juez instructor basa su procesamiento a estos cuatro policías en las abundantes grabaciones de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017, en las que se ve a un "grupo de personas sentadas en el suelo protestando", sin que se observe en cambio en ningún momento agresiones a los agentes de la policía, a pesar del clima "evidentemente tenso".



Pese a ello, el auto recoge el informe policial aportado en la causa, según el cual se dispararon hasta 17 pelotas de goma: uno de esos disparos golpea en la pierna de una persona, como se observa en las imágenes, dice el magistrado, y otro "golpea en la cara" de Roger Español, el "cual cae al suelo y sufre graves heridas".

Orden de disparar

Según el juez, la orden de disparar, que puede ser oída en los vídeos aportados a la causa, fue realizada por el máximo responsable de ese grupo policial en el terreno, ahora procesado.



La investigación del juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona es una pieza separada de la causa abierta contra agentes de la Policía Nacional para impedir el referéndum ilegal del 1-O, en la que hay más de 60 policías imputados por su actuación en una quincena de centros educativos utilizados como puntos de votación.