El Govern da un paso adelante con el castellano en la selectividad que tampoco convence

Los estudiantes podrán elegir si quieren hacer su examen de selectividad en castellano o en catalán. Es el nuevo paso adelante que ha dado el Govern con respecto a la lengua, pero que tampoco convence a todas las partes. Las fuentes consultadas por Crónica Global consideran que la decisión de la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis (JxCat), todavía es insuficiente, porque va en detrimento de los castellanoparlantes.

Por primera vez, las instrucciones del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) contemplan el derecho que tiene el alumno de escoger el castellano para los enunciados de sus Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). De esta forma, la Generalitat da respuesta a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consideró que Geis había vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes al priorizar el catalán a la hora de repartir los exámenes de las PAU 2021. Hasta ahora, el alumno recibía la prueba en esa lengua y, sólo si lo solicitaba, le era entregado en castellano o en aranés, teniéndose que significar de forma pública.

La AEB dice que "se ajusta a la legalidad"

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, cree que este paso “se ajusta a la legalidad”, aunque reconoce que “lo ideal sería que el examen se entregase en las dos lenguas” directamente, sin que el alumno tenga que requerirlo previamente. Con este nuevo procedimiento, los jóvenes tendrán que rellenar un formulario autocopiativo para que el profesor sepa en qué idioma quiere hacer el examen y se le haga llegar a la hora del reparto, tal y como consta en las instrucciones a las que ha tenido acceso este medio.

Por su parte, el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Carlos Silva, se muestra muy crítico con este nuevo sistema, que ve “insuficiente”. “La solución es muy sencilla: las pruebas tienen que tener enunciados bilingües”. En este sentido, lamenta que el Ejecutivo autonómico actúe “como viene siendo habitual” --al igual que hizo con la sentencia del 25% de castellano--. Considera que este nuevo paso forma parte de una estrategia y un “nuevo engaño para evitar cumplir el mandato judicial”.

Lo mismo opinan desde los sindicatos educativos, quienes lo ven una táctica para “sortear la imposición de un tribunal”.

De la teoría a la práctica

No obstante, desde las entidades constitucionalistas avisan de que estarán “vigilantes” para que estas instrucciones se lleven a la práctica en los exámenes que tendrán lugar entre el 14 y el 16 de junio. En este sentido, serán los tribunales y examinadores quienes "deberán cumplir las normas y entregar el examen, sea en la lengua que sea, a la vez que el resto de compañeros”. Losada y Silva están dispuestos a volver a llevar a la Generalitat ante la justicia si detectan cualquier “actuación que no suponga el cumplimiento de esta resolución”. “Si descubrimos que hay tribunales que incumplen, lo denunciaremos”, apuntillan.

“Es una aberración pedir a los alumnos que manifiesten sus preferencias lingüísticas, sea de la manera que sea, y sobre todo en ese contexto público, de tensión máxima para ellos”. Pero celebran que, después de una década, “se respeten los derechos” de los estudiantes castellanoparlantes en las PAU.