Ciudadanos ha ampliado la denuncia contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por dictar nuevas instrucciones a los centros educativos en las que "se ordena excluir intencionadamente garantizar en todo caso y, en el porcentaje que garantiza su carácter vehicular del 25%, la enseñanza en castellano".
Según ha explicado el partido en un comunicado, el Govern podría estar cometiendo un delito de prevaricación continuado al no cumplir con "el derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza en castellano en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Cataluña".
"El matonismo de Cambray llega demasiado lejos"
En este sentido, el líder de la formación naranja, Carlos Carrizosa, considera que con estas nuevas instrucciones el Ejecutivo autonómico sigue incumpliendo con la sentencia del 25%. "El matonismo de Cambray ha llegado demasiado lejos y pone en la línea de fuego a todos los centros escolares catalanes".
La Fiscalía Superior de Cataluña / CG
"No queremos más guerra de lenguas en las aulas ni en la calle ni estamos dispuestos a perder un solo día más, ni digamos un curso entero, para restaurar las libertades lingüísticas de todos", ha manifestado.
Carrizosa habla de "falso consenso"
Asimismo, Carrizosa ha acusado a la Conselleria de Educación de no dar instrucciones para incorporar el castellano como lengua curricular tras la aprobación de la proposición sobre el catalán, pactada entre el PSC, ERC, Junts y En Comú Podem. "Si había alguna duda de que ese pacto era un engaño y de que nunca ha habido ninguna intención de renunciar al monolingüismo forzoso, que todo era un falso consenso, ya no es posible engañar a nadie".
La denuncia, presentada ante la Fiscalía y consultada por Crónica Global, explica que las autoridades públicas deben cumplir la legalidad vigente y que "esto lo realizan a sabiendas de su ilegalidad e injusticia puesto que garantizar un suelo del 25% de la enseñanza en castellano en la educación sostenida con fondos públicos es una cuestión indiscutible, en la que no cabe el más mínimo grado de discrecionalidad, interpretación o excusa".
También Vox se ha querellado contra Cambray por presuntamente “desobedecer” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de las horas en castellano.