El Parlament aprueba la ley que reconoce el castellano como lengua de aprendizaje

El Pleno del Parlament ha aprobado la ley de usos linguïsticos en la educación, fruto del acuerdo entre ERC, Junts per Catalunya (JxCat), En Comú Podem y PSC, y que da respuesta a las sentencias judiciales que obligan a impartir un 25% de horario lectivo en castellano en las aulas.

El debate final y votación han tenido lugar después de que el Consejo de Garantías Estatutarias avalara la proposición de ley en un dictamen solicitado por Ciudadanos, PP y Vox. Las tres formaciones han defendido sus enmiendas a la totalidad, que han sido rechazadas; han anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional y se han mostrado muy críticos con la "traición" de los socialistas. Por el contrario, el presidente Pere Aragonès ha agradecido la labor de los grupos en general y del jefe de la oposición, Salvador Illa, en particular, en la consecución del amplio acuerdo.

Illa ha asegurado que “el mejor favor que podemos hacer al catalán es el amplio consenso alcanzado". "Defender el catalán no es atacar el castellano, lengua materna de muchos catalanes”, ha señalado. La ley se ha aprobado por 102 votos a favor (PSC-Units, ERC, JxCat y ECP), 29 en contra (Vox, CUP, Cs y PPC) y 1 abstención (JxCat).

Carlos Carrizosa, líder catalán de Ciudadanos (Cs), se ha referido a una “ley tramposa” con críticas a la “traición” de los socialistas por su pacto con los “integristas monolingüistas”. Ha repasado los repetidos incumplimientos de leyes que reconocían el doble uso del catalán y el castellano en las aulas desde que se aprobó la ley de política lingüística en 1983.

“Se expulsó del sistema educativo al castellano, lengua materna de la mayoría de catalanes, relegada a lengua extranjera”, ha denunciado. Carrizosa ha afeado la “hostilidad” demostrada contra los padres que han defendido el derecho de los padres a que sus hijos sean escolarizados en castellano y considera que “burla” las sentencias judiciales. El dirigente de Cs ha acusado al PSC de secundar un “nacionalismo casposo”.

Por parte de Vox, Joan Garriga, ha hablado de “españicidio” por la aplicación de una inmersión, avalada por PP y PSOE. Ha aludido a la riqueza cultural del bilingüismo, mientras que los independentistas “uniforman a los catalanes mediante la llamada cohesión, consistente en acabar con la pluralidad lingüística". "Usan el catalán como frontera. Con su imposición, hacen antipática esta lengua”, ha lamentado. Según Garriga, la proposición de ley no reconoce el castellano como lengua vehicular, a pesar de lo dictaminado por la Justicia y ha anunciado que su grupo presentará una querella, además del recurso ante el Constitucional.

"Obsesión enfermiza"

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, cree que la ley responde a “una obsesión enfermiza consistente en convertir en algo sagrado una inmersión que no se aplica en ningún país del mundo”. Ha avisado de que el castellano ha sido tratado como “una lengua extranjera más” a lo largo de un proceso de sustitución de la lengua materna de muchos catalanes, fruto de un “nacionalismo romántico” al que “incomprensiblemente se ha sumado la izquierda”.

Por parte del PSC, la diputada Esther Niubó ha defendido el apoyo de su grupo a “una propuesta largamente trabajada, que reconoce por primera vez el castellano como lengua de aprendizaje, mientras el catalán sigue siendo centro de gravedad”. La socialista ha asegurado que “no se vulnera la ley, busca la confrontación o contradice las sentencias". “Nada hay de inconstitucional y antiestatutario en la ley. Tampoco se vulneran sentencias del Tribunal Constitucional, que habla del catalán como lengua vehicular, sin que eso implique excluir el castellano”, ha subrayado.

"Partidos cómodos en las trincheras"

No obstante, ha lamentado que el Govern haya aprobado un decreto ley del que se elimina el uso curricular del castellano y que rechaza las resoluciones judiciales. “Hay fuerzas que están más cómodas en las trincheras, pero la sociedad no quiere vivir en un estado permanente de confrontación. No hace bien a nadie usar unas lenguas contra otras”, ha indicado Niubó, tras reprochar a los partidos que rechazan la nueva ley que no hayan implantado el modelo trilingüe que defienden en ninguna de las comunidades autónomas donde gobiernan.

La representante de En Comú Podem, Jéssica González, se ha felicitado porque la inmersión “no se toca” y se aprueba una ley que aglutina una mayoría política. Ha criticado los “discursos demagógicos” frente a la “transversalidad” de un acuerdo que “demuestra que la lengua es de todos”. La norma, ha dicho, da prioridad a “los criterios pedagógicos y al sentido común”, y da instrumentos a los profesores para que adapten sus proyectos a su entorno sociolingüístico. En este sentido, ha valorado que la ley proteja a los docentes.

"Filibusterismo"

Por parte de JxCat, ha intervenido Francesc Ten, quien ha criticado el “filibusterismo de la ultraderecha lingüística” y ha anunciado su abstención a modo de apoyo simbólico al activista en huelga de hambre en defensa del catalán. Ha defendido la rectificación inicial de Junts --se salió del primer acuerdo-- en aras a lograr el consenso educativo. “Para JxCat, el catalán es la columna vertebral del país, nos define, nos hace comunidad. Sin lengua no tendríamos nación y sin nación, ni hay independencia”, ha reafirmado.

La diputada de ERC Mònica Palacín también ha afeado el “filibusterismo cínico” de quienes rechazan la ley. “Los intentos de boicot han dilatado el calendario demasiado. Pese a ello, hoy tendremos ley y nos tenemos que felicitar. El esfuerzo y el consenso valía la pena. Hoy tenemos un marco regulador para que los jueces no vuelvan a regular la enseñanza y que protege a los docentes. Debemos apostar por los amplios consensos y no dejar que nos dividan”, ha sentenciado. Palacín ha instado a dejar a un lado la “miopía política” y a “reconocer la realidad multilingüe en nuestras aulas”.

Carles Riera, diputado de la CUP, se ha desmarcado del acuerdo invocando las encuestas que apuntan al retroceso del catalán en las escuelas. “¿Las 50 escuelas que ya aplican el 25% recibirán instrucciones precisas, firmadas por el consejero de Educación, para que deje de aplicarlo?”, ha preguntado Riera, quien ha exigido una ley que reconozca el catalán como única lengua vehicular, frente a una propuesta “que implica segregación, pues supone disponer de diferentes proyectos lingüísticos en función de cada entorno. Ustedes abren la puerta al bilingüismo en las escuelas sin el consenso de la mayoría de la comunidad educativa. Es una chapuza jurídica, será poco útil para evitar la sentencia del 25%. Señora Borràs ¿esa es la legislatura de la confrontación con el Estado que prometieron?”.

"Negociar y aceptar matices"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha elogiado “un gran acuerdo sobre la escuela y la lengua catalanas". "Los grupos han actuado con responsabilidad, para preservar el consenso social, es un acuerdo de país. No dimitimos de nuestra responsabilidad de legislar las cuestiones importantes. Eso supone negociación, aceptar matices, no ir a la velocidad que se quiere. Situamos el catalán como eje vertebrador ante riesgos y amenazas que hemos tenido”, ha esgrimido.

“Junto al catalán, hemos de trabajar por un modelo de calidad, por encima de las discusiones políticas, por la cohesión social. Las lenguas no deben ser utilizadas para atacar esa cohesión. El riesgo de fractura no viene de la lengua, sino de la desigualdad”, ha añadido Aragonès, quien ha agradecido la labor de los grupos en general y al jefe de la oposición, Salvador Illa, en particular.

Illa ha asegurado que “el mejor favor que podemos hacer al catalán es el amplio consenso alcanzado" y que "defender el catalán no es atacar el castellano, lengua materna de muchos catalanes”. En ese sentido, la líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, ha destacado que el castellano “es lengua de todos, no solo de la derecha”.