El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha vuelto a amenazar a los profesores que utilicen una lengua diferente a la que conste en el proyecto lingüístico del centro en sus clases. Así lo ha dicho en el desayuno Nueva Economía Forum, donde ha explicado que la inspección educativa hará un seguimiento y un acompañamiento para asegurar el cumplimiento del nuevo decreto lingüístico en las aulas, aprobado para sortear la sentencia del 25% en castellano. "La fiscalización no me gusta, pero si una vez hacemos el seguimiento vemos desajuste en el cumplimiento, tomaremos las decisiones oportunas", asegurado.

Estas declaraciones no han gustado a la comunidad educativa, que teme una caza de brujas. Tal y como ha explicado Crónica Global, el hecho de que el titular de Educación amenace con tomar medidas contra los docentes que usen la lengua que quieran en el aula, puede propiciar rencillas y "chivatazos" dentro de los centros. "Un maestro no escoge la lengua en que imparte la clase, sino que lo hace en la lengua que dice el proyecto lingüístico. Ahora no está pasando y hace falta ponerle solución", ha manifestado, y ha apuntado que "los papeles lo aguantan todo pero hay que ser capaces de que pase lo que está escrito".

El 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez Cambray / EP

Esquivar la sentencia del TSJC

El conseller ha pedido a las direcciones de los centros educativos que se cumpla la nueva normativa, que lo que pretende es esquivar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) omitiendo porcentajes. De hecho, el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico no contempla "criterios numéricos", como sí ordena el tribunal, que establece que el 25% de las horas lectivas deben ser en castellano. 

Fachada del TSJC / CRÓNICA GLOBAL

Para Cambray, esta norma es la vigente actualmente --independientemente de lo que diga el TSJC-- y ha sostenido que los centros deben dar respuesta a la legalidad del Govern. Algo que también levanta ciertas dudas entre los profesionales de la educación, quienes se encuentran entre la espada y la pared sobre si acatar una ley de la Generalitat que no está avalada por la justicia. En este sentido, los sindicatos creen que algunas direcciones pueden verse "en una encrucijada". ¿Me la juego con el poder judicial o desatiendo las instrucciones del Govern?, plantean. 

Con todo, está por ver si el TSJC considera adecuado este nuevo decreto o si, por el contrario, queda en papel mojado como prevén los profesionales.