Arrimadas cree que Cambray actúa como un "matón" con la aplicación del 25% de castellano

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de actuar como "un matón" contra los directores de los centros educativos que quieren cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena impartir, al menos, un 25% de horas en castellano. Y también contra las familias y los docentes, que quieren que en los colegios predomine un "proyecto de cohesión social, que es el respeto por las diferentes lenguas".

Así lo ha dicho Arrimadas en declaraciones a los medios, tras presentar una denuncia en Fiscalía contra Cambray y el resto de miembros del Govern a quienes considera "responsables" de no aplicar la orden judicial. También ha cargado contra el Gobierno de España, a quien ha acusado de "mirar para otro lado" ante "un decreto infame que intenta saltarse una sentencia clarísima que no deja lugar a dudas sobre cómo se tienen que respetar los derechos de los niños catalanes".

Una "prueba de desobediencia"

Por su parte, el líder del partido en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha criticado al conseller por no aplicar el 25% de castellano desde este martes, cuando finalizaba el plazo otorgado por la justicia. "Hoy no hay ningún niño en Cataluña estudiando en español en las aulas. ¿Hay más prueba de desobediencia que esa?", se ha preguntado el portavoz naranja, acompañado por la presidenta del grupo municipal, Luz Guilarte. 

Asegura que no le pilla por sorpresa esta actitud "desobediente" de la Generalitat respecto a la aplicación de la legalidad: "Pretenden que los directores sean la barrera para evitar que se cumpla esta sentencia y obligar a los padres a ser señalados como lo fue la familia de Canet de Mar" que denunció la falta de asignaturas en castellano. 

"Normativa 'fake'"

En la denuncia, consultada por Crónica Global, Ciudadanos recuerda que desde el Govern "no pueden imponer su ideología al margen o en violación de aquello a lo que vienen normativamente obligados", por lo que insisten en que no tienen más alternativa que cumplir con la legalidad y respetar los derechos de los ciudadanos.

Por último, tanto Carrizosa como Arrimadas han celebrado que Vox haya cedido para llevar el decreto ley de la Generalitat al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) junto a Cs y PP, después de que en un principio descartaran esta opción. Se trata de una normativa "fake" --en palabras de Arrimadas-- y que "va en contra de la cohesión social y de cumplir la ley".