Prisas y llamadas de última hora: el pacto por la lengua, ¿otra chapuza lingüística?

Corre el reloj desde hace semanas, incluso meses, pero la mayoría parlamentaria tratará de resolver a última hora el pacto sobre política lingüística con el que se pretende dar respuesta a la sentencia judicial que tumba la inmersión y fija en un mínimo del 25% las horas lectivas que se han de impartir en castellano en las escuelas. Los partidos que intervienen en estas conversaciones (ERC, PSC-Units, Junts y comuns) esperan solucionar el debate esta misma semana; el plazo para aplicar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se cumple el próximo 31 de mayo.

El pacto que preparan los cuatro partidos trata de sortear, en cierto modo, esa resolución judicial o mostrar, al menos, que la política se ha salido con la suya frente a la justicia. En un primer momento, se habló de flexibilizar la inmersión, esto es, modular la enseñanza en español en función de la realidad de cada centro. Sin porcentajes. Ese documento inicial mantenía el catalán como una lengua vehicular y equiparaba el castellano al inglés, pero aseguraba que los alumnos tendrían un perfecto dominio de los dos idiomas cooficiales al terminar su formación. Sin embargo, Junts se descolgó a última hora por las presiones del entorno independentista más radical, que solo contempla el monolingüismo.

TSJC, donde hoy se juzga al hombre que se enfrenta a prisión permanente revisable por violar y asesinar a su exnovia en Vic en 2019 / CRÓNICA GLOBAL

El catalán, única lengua vehicular

De eso ya han pasado dos meses, muchas semanas de reproches y declaraciones cruzadas, ultimátums y pulsos hasta que los partidos han decidido que es hora de ponerse a trabajar. A 10 días de que se cumpla el plazo dado por el TSJC para implementar el 25% de castellano en las aulas. Otra carrera contra reloj más pensada en dar respuesta a la justicia que en el bien de los alumnos y de la sociedad en general. Las prisas comenzaron el viernes y siguieron durante el fin de semana y, de repente, las formaciones implicadas han cambiado su discurso. Optimismo es una de las palabras más repetidas y este lunes esperan entrar en el Parlament el texto de la modificación de la ley de política lingüística, que se deberá aprobar en la Cámara en el próximo pleno.

Los cuatro partidos citados comparten la idea de que el catalán debe ser la única lengua vehicular. Y, al defender que todos los alumnos deben tener perfecto dominio de ambos idiomas al terminar la etapa escolar con la nueva ley, asumen que, hasta ahora, no era así. Así que, después de muchos reproches, este domingo ultimaban los últimos flecos de su acuerdo. El más “optimista” parecía el vicepresidente de Junts, Jordi Turull, que define el pacto como una defensa del “ataque de las togas”, pero sin “renuncias” en cuanto al modelo de escuela catalana. “La gente quiere hechos para preservar la lengua catalana”, considera, después de que su partido dinamitara la anterior entente.

Laura Borràs y Jordi Turull, presidenta y secretario general de Junts per Catalunya (JxCat)

Dos pactos

Desde los comunes, su líder parlamentaria, Jéssica Albiach, desveló que en las últimas horas se habían “intensificado los contactos” y se mostró “convencida” de hallar la “fórmula para blindar el catalán y proteger a las escuelas, porque quienes están en primera línea son los directores de los centros”. De hecho, la CUP se ha mantenido al margen de las conversaciones porque considera que este asunto se está tratando al margen de la comunidad educativa. Pero sigue la situación de cerca. En cambio, más discretos han estado en ERC y en el PSC, donde su máximo representante, Salvador Illa, se ha limitado a explicar que las resoluciones judiciales “se cumplen y ya está”. Asimismo, considera que “defender el catalán no es, como algunos pretenden, atacar el castellano”. En cualquier caso, los socialistas se han mostrado firmes ante las presiones de Junts a la hora de tocar una sola coma del pacto inicial entre estas formaciones. Desde la bancada republicana, se ha optado por urgir a un entendimiento.

De este modo, a escasas fechas del límite judicial, la novedad es que puede plantearse un doble acuerdo. Por un lado, la convalidación desde el Govern de un decreto ley que blinde a los centros y deje en el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, la responsabilidad de validar los proyectos lingüísticos de cada escuela y, por el otro, la ley aprobada por el Parlament con el apoyo del PSC-Units, ERC, comuns y Junts con la que se pretende canalizar o difuminar el 25% en castellano fijado por los tribunales.