"Lo que pido no es más que el cumplimiento de la Constitución y de la ley y el respeto a los derechos lingüísticos de los alumnos; unos derechos lingüísticos que en el caso de mis hijos llevan nueve años vulnerándose". Habla el padre al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de legitimar para que pueda personarse en el proceso de ejecución forzosa de la sentencia que obliga a impartir, al menos, un 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo catalán. Esta persona ha enviado una carta al director del centro escolar donde estudia el menor en la que insta a que "todos asumamos con normalidad lo que es normal: que tanto el catalán como el castellano son lenguas vehiculares y de aprendizaje en nuestro instituto". "Se me hace difícil pensar que esta no pueda ser una base razonable para la convivencia", añade.

En su misiva, este padre, miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) --entidad que asesora a las familias en este procedimiento judicial--, afirma: "Por supuesto, es legítimo que puedas discrepar de la interpretación que yo hago; pero sea así o no --no conozco cuál es tu posición personal sobre esta cuestión--, lo que es claro es que lo que he expresado en el párrafo anterior es lo que han establecido de manera definitiva los tribunales de justicia; y en un Estado democrático llegados a ese punto no cabe más que obedecerlo". 

Justicia lenta

"Las vías de la justicia --añade-- son lentas la mayoría de las veces; pero incluyen los mecanismos necesarios para garantizar los derechos judicialmente reconocidos. Se ha agotado la posibilidad de cumplimiento voluntario de la sentencia y se está a punto de agotar el plazo para que se obedezcan las órdenes directas dadas por el tribunal para que se convierta en realidad lo establecido en la decisión judicial". 

"Como habrás visto, no hemos dado ninguna publicidad ni al instituto al que se refiere el auto ni a la identidad de los niños. Para nosotros es fundamental preservar la privacidad de los niños y que no se vean afectados en absoluto por estas actuaciones, de manera que sea con el resto de sus compañeros de instituto que reciban el cambio --positivo-- que supondrá la incorporación del castellano como lengua de docencia más allá de la asignatura de lengua española. Sí que daremos publicidad al contenido de este correo, pero sin identificar ni a los niños ni al instituto, porque lo que nos pasa a nosotros no es esencialmente diferente de lo que sucede en otros muchos puntos de Cataluñas, en los que tantas familias desean que su lengua sea admitida con normalidad en los centros donde estudian sus hijos". 

"Te reitero --añade-- lo que te comentaba un poco más arriba: mi solicitud es que hagas lo que esté en tu mano para que llegado el 31 de mayo nuestro instituto se cuente entre aquellos en los que se respeta la Constitución, se acatan las decisiones judiciales y se garantizan los derechos lingüísticos de todos los alumnos".