El Govern ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que, al menos, un 25% de las clases sean en castellano. Así lo ha anunciado la portavoz Patrícia Plaja este martes, a pocos días de que se cumpla el plazo para aplicar la orden en todos los colegios. Además, aunque se trata de una "situación compleja", ha avanzado que desde el Ejecutivo trabajan para blindar el catalán en los centros a través de un decreto ley que permita "proteger a los centros y los proyectos lingüísticos".
También prevé impulsar "las modificaciones legislativas necesarias con el apoyo del máximo de grupos parlamentarios posible". En este sentido, tal y como ha avanzado Crónica Global, desde el PSC, ERC y En Comú Podem han dado un margen de 24 horas a Junts para tratar de llegar a un acuerdo sobre este asunto con tal de incorporarlo en el orden del día del pleno de la próxima semana.
El portavoz de Junts, Josep Rius, quien presiona a Cambray para que desobedezca la sentencia del 25% / EUROPA PRESS
Este nuevo pacto puede o no consistir en la reforma de la Ley de Política Lingüística que acordaron los cuatro partidos en marzo y del que se descolgó Junts antes de su debate. Mientras tanto, los neoconvergentes mantienen su presión a los republicanos para que sea el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, quien asuma la responsabilidad de desobedecer la sentencia del TSJC a través de un decreto que contemple que la aprobación de los proyectos lingüísticos que elevan los centros educativos recaiga en el Govern.
Ataque a la AEB
Asimismo, desde el Govern se han dedicado a atacar a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), presente en toda la causa y quien solicitó la ejecución de la sentencia. "Ninguna ley dice que la AEB represente los intereses de los ciudadanos”, ha dicho Plaja, al considerar que esta entidad inició un “embate judicial” contra “el modelo de escuela catalana que es un éxito".
La portavoz cree que la AEB "no tiene legitimidad" y, el hecho de que la interlocutoria del TSJC se base en su petición, "no sólo vulnera la ley reguladora", sino que es "contraria a la jurisprudencia ya existente del Tribunal Supremo, que hasta el momento ha contemplado que para defender los intereses de un colectivo hay que estar habilitado". Así lo ha defendido la portavoz del Govern,
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
Plan de impulso del catalán
Además, según ha explicado Plaja, está en marcha "un plan de impulso para hacer frente a la reducción del uso del catalán en los centros educativos". Ello incluye desde la formación del personal docente hasta las actividades extraescolares en catalán.
"La opción de no hacer nada no se contempla, porque sería regalar la victoria a aquellos que quieren acabar con el modelo de escuela catalana", ha advertido.