La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) instó a la Cámara de Comercio de Barcelona a mejorar la transparencia de sus contratos y convenios con las Administraciones públicas a raíz de una denuncia de un particular. La organización de dinamización económica local, presidida por Mònica Roca tras el salto de Joan Canadell a la política --ambos formaron parte de la candidatura Eines de País impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC)--, corrigió la situación. Ahora, sí da visibilidad a esas licitaciones.
La OAC fue creada por ley en 2008 y comenzó su actividad el año siguiente, convirtiéndose en la institución pionera en España en dar cumplimiento a los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dirigida por el magistrado Miguel Ángel Gimeno, su objetivo es preservar la transparencia y la integridad de las Administraciones y del personal al servicio del sector público en Cataluña. La Oficina previene e investiga posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos, y controla el ajuste de los poderes y sus representantes a los valores de integridad, honestidad, transparencia, legalidad, neutralidad o imparcialidad.
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno / EFE
Procedimientos que pueden derivar en sanción
La OAC no solo hace recomendaciones a las entidades en materia de transparencia, sino que incide directamente sobre las mismas mediante procedimientos que pueden acabar en sanción si no se corrigen las deficiencias. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2021, la Oficina tuvo conocimiento de 33 medidas correctoras adoptadas por las diferentes entidades afectadas y autoridades competentes. Las medidas pueden ser de naturaleza preventiva --por ejemplo, protocolos de actuación--, de naturaleza correctora o reparadora --revertir situaciones irregulares o de ilegalidad--, revisoras --anulación de sus propias actuaciones-- y disciplinarias.
En el peor de los casos, la OAC puede instar a acciones judiciales de carácter penal y civil.
La mayoría de medidas llevadas a cabo en los últimos seis meses de 2021 fueron correctoras o reparadoras (14) y correspondían principalmente a entes locales (12). Pero una de ellas es la que afectó a la Cámara de Comercio de Barcelona. Como consecuencia de la denuncia de un particular, la OAC comunicó a esta entidad la necesidad de mejorar su transparencia en relación a los convenios y contratos con las Administraciones Públicas.
Verosimilitud
Fuentes de la OAC explican a Crónica Global que, tras dar verosimilitud al denunciante --requisito que se observa en la fase previa-- se optó por archivar las diligencias, comunicando no obstante a la Cambra que, en efecto, esos acuerdos eran mejorables.
Por su parte, portavoces de la entidad explican que las correcciones instadas por la OAC se han incluido en un apartado de la web corporativa titulada Convenios y contratos suscritos con las Administraciones públicas. En concreto, se informa del perfil del contratante de los contratos licitados y adjudicados por la Cámara, así como información relativa a los documentos públicos suscritos, las subvenciones y ayudas públicas recibidas y las otorgadas. Por ejemplo, en 2021, la Cambra suscribió convenios y contratos con varios departamentos de la Generalitat, diversos ayuntamientos, el Consorcio de la Zona Franca y universidades.
Selección de cargos
La OAC también ha elaborado exhaustivos informes sobre la necesidad de que los cargos públicos se sometan a un control previo de idoneidad o hearing en el Parlament. Pero la Generalitat tiene a sueldo a casi 400 altos cargos, asesores y eventuales, todos ellos elegidos a dedo sin haber pasado por esos procesos. Es decir, que el Gobierno de Pere Aragonès incumple las directrices de este organismo, que su partido, ERC, creó para evitar las corruptelas de Convergència (CDC).