El Govern no se conforma con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el caso Pegasus. Así lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, quien ha advertido al Gobierno que ese gesto "no lo resuelve todo". "Quien piense que es así, se equivoca". En una rueda de prensa, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé las "explicaciones necesarias" sobre el caso de espionaje a más de 60 personas del ámbito independentista. Quieren conocer "quién lo ordenó, quién lo permitió y quién tenía conocimiento". Por ello, insiste en que se produzca una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lo más pronto posible.
La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ya ha puesto en conocimiento del Gobierno las acciones acordadas a nivel político y jurídico para "llegar hasta el final del que es uno de los casos más graves de espionaje político". Le exigen que informen sobre los contratos que se han firmado desde el CNI o desde cualquier otra agencia con la empresa propietaria del software Pegasus. Además, reclaman la desclasificación de las órdenes y presuntas autorizaciones judiciales que se tramitaron para intervenir las comunicaciones del presidente de la Generalitat. "¿De qué se le acusa? ¿Por qué se le investigaba?", se pregunta.
Campaña de desgaste
Al margen de la postura oficial del Govern en el caso Pegasus --que, recordemos, también ha afectado al presidente español, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles--, los partidos independentistas han iniciado una campaña de desgaste contra el Gobierno tras la destitución de Esteban porque la consideran “insuficiente”. En estos términos se ha expresado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en relación al despido de la directora del CNI.
En una intervención ante los medios, ha recordado que ERC ha reclamado desde que estalló la presunta trama del espionaje la “asunción de responsabilidades en forma de dimisiones, transparencia, información, luz y taquígrafos, así como máximas garantías de que no se volverá a repetir” porque, en sus palabras, “esta vulneración de derechos no puede caber en un país que se llame democrático”. En esta línea, ha exigido la desclasificación de los documentos pertinentes y ha anunciado que llevará al pleno una moción para pedir la salida de Robles.
Peticiones veladas
En el fondo, Vilalta ha seguido la estela del presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, quien en una entrevista en El País ha dejado en manos del Gobierno la decisión de destituir a quien considere, “en función de cuánta confianza quiera restaurar”. En su caso, ha evitado poner sobre la mesa el nombre de la ministra de Defensa, pero también ha exigido “transparencia, asunción de responsabilidades y garantías de que no volverá a ocurrir”, así como la desclasificación de documentos.
Todavía desde la bancada de los republicanos, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de lógica la salida de Paz Esteban del CNI, pero, en su caso, ha dicho que “no se trata de pedir cabezas”. No obstante, ha afirmado que “ha habido una brecha, quizás una crisis diplomática, si es que hablamos de terceros países, y una dejación de funciones que hace insostenible la situación de algunos altos cargos del Gobierno”, ha deslizado. Asimismo, ha considerado que “es bastante complicado que [Sánchez] deje caer a Robles, que ahora mismo representa a la derecha moderada que es parte del PSOE”.
La CUP y el PDECat
La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, tampoco está conforme con la destitución de Esteban, que considera una “cortina de humo”. La antisistema se ha preguntado por qué tiene que dimitir quien cumple órdenes y no quien las da, en referencia a los ministros Robles y Félix Bolaños (Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) y al presidente Sánchez, que “está enterado de todo desde el minuto uno”, ha acusado. “No es solo una cuestión de seguridad nacional, esto es un escándalo público”, ha concluido.
Por su parte, el portavoz del PDECat, Ferran Bel, ha expresado que el cambio en la cúpula del CNI no es ni “suficiente” ni “políticamente relevante”. Es más, considera que el cese de Esteban no está relacionado con el supuesto espionaje a más de 60 independentistas, sino con el sufrido por algunos miembros del Gobierno. Por eso, espera explicaciones y que se inicie una investigación al respecto.
También el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, cree que a pesar del despido de Esteban "nada ha cambiado" y sigue reclamando "una investigación independiente e internacional".