Laura Borràs mantiene los polémicos sobresueldos en el Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, mantiene los polémicos sobresueldos que perciben los funcionarios que ya no trabajan en la Cámara catalana. La máxima dirigente del hemiciclo ha activado el pago de 12 de las llamadas licencias de edad, pues se trata de "derechos automáticos" que ya están "consolidados". Esta validación implica un correctivo en toda regla respecto al anuncio que ella mismo realizó sobre la presunta mano dura contra estas retribuciones que, en teoría, no percibe ningún otro colectivo de trabajadores de la administración catalana. 

Lo ha avanzado Ara. Precisa que el movimiento cobró forma el pasado 22 de marzo y que así consta en un auto interno de una reunión de la Mesa del Parlament que no ha salido a la luz hasta ahora. Borràs se comprometió a eliminar estos complementos salariales "de cara al futuro". Su equipo justifica que no se puede hacer con las licencias ya concedidas, pues se trataría de una medida retroactiva, y defiende que las 12 que ya se habían solicitado forman parte de este grupo blindado al que no se le puede aplicar la promesa política. 

Peligro de demandas

Asegura que las licencias de edad se deben mantener porque se trata de "derechos automáticos" que ya están "consolidados" por parte de los funcionarios. El número de sobresueldos que están en esta situación son hasta 12. Cabe recordar que el monto total que paga el Parlament a ex empleados público por este concepto es de 1,7 millones de euros. 

Los servicios jurídicos de la Cámara asegura que si se revirtiera la decisión, los funcionarios podrían demandar al Parlament. "Es un derecho consolidado y automático plenamente vigente en el momento en el que los trabajadores accedieron al mismo", razona la Mesa.

El PSC se opuso

La decisión la validó Aurora Madaula (Junts), secretaria segunda, mientras que Alba Vergés, de ERC, pidió tiempo para negociar con los trabajadores, por el impacto de la medida sobre "la vida de las personas". 

Por contra, el PSC y la CUP apostaron por revocar los derechos. Assumpta Escarp, vicepresidenta segunda por el PSC, opinó que "no se tenían que conceder" estas dádivas. En relación a las ya concedidas, hasta 21, Escarp apostó por un régimen de compensaciones en cada caso.