El nepotismo de la secretaria del Parlament aumenta el caos en el equipo de Borràs

Llueve sobre mojado. La polémica que ha generado la plaza de ujier obtenida por el hijo de la secretaria general del Parlament se suma al caos existente en el equipo de Laura Borràs (JxCat). Hace poco más de un año que la dirigente independentista fue nombrada presidenta de la Cámara catalana, pero las peleas entre letrados, la gestión de las controvertidas licencias de edad o el caso Juvillà han lastrado este mandato y han obligado a reorganizar el funcionamiento de este cuerpo. Los últimos cambios tuvieron lugar la semana pasada y están relacionados con la transparencia.

La enésima polémica tuvo lugar ayer, cuando se supo que la Mesa del Parlament había nombrado a Jan Forner como ujier interino sin saber que se trataba del hijo de la secretaria general de la Cámara, Esther Andreu, ya que ésta no advirtió al organismo de un eventual conflicto de intereses durante todo el proceso de selección en el que éste ganó la plaza. En un comunicado hecho público tras destaparse el caso, la propia Andreu explicó que “no participó ni directa ni indirectamente en el proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo para cubrir temporalmente las vacantes de los puestos de trabajo de ujier en los ejercicios 2022 y 2023” y que, “por este motivo, consideró que no era pertinente informar a la Mesa sobre ninguno de los aspirantes”.

Peleas internas

No es habitual que el cuerpo de letrados del Parlament emita comunicados oficiales. Desde su llegada a la secretaría general, cargo que ocupó tras el cese de Xavier Muro --el rechazo de este jurista a las iniciativas secesionistas hacía prever que no continuaría con Borrás--, Andreu ha emitido unos cuantos. Principalmente, para dar explicaciones sobre las peleas internas. El ex letrado mayor y actual abogado raso Antoni Bayona denunció la falta de transparencia en la gestión de las licencias de edad --personal de la Cámara que, sin trabajar, cobraba sueldos más que generosos--, una de las polémicas más importantes del mandato de Borràs. Andreu negó rotundamente las afirmaciones de Bayona y, a través de un comunicado con pocos precedentes, acusó al abogado de "superioridad jurídica y moral" y de "despreciar el trabajo de varios compañeros del Parlament".

No acabaron ahí las guerras en el equipo de Borràs. La secretaria general y el letrado mayor, Miquel Palomares, mantuvieron una agria pelea en una reunión en la que, según asistentes a la misma, el letrado habría acusado a la mujer de confianza de Laura Borràs de injerencia en su independencia profesional. Palomares se sintió desautorizado. De ahí la decisión de encargar un segundo dictamen sobre las licencias de edad a otro letrado, Ferran Domínguez.

Cambios continuos

Los cambios han sido continuos desde la llegada de Borràs. Andreu retiró la dirección de los servicios jurídicos de la Cámara a Palomares, y también la competencia de prestar asistencia y asesoramiento jurídico especializado en cuestiones relacionadas con las funciones de la Mesa y la Junta de Portavoces a Bayona. 

La reorganización más reciente tuvo lugar la semana pasada, cuando se dejó sin efecto la delegación de funciones a los letrados Mercè Arderiu y Mario Núñez en materia de protección de datos de carácter personal y derecho al acceso a la información, respectivamente. De esta forma, se recupera el funcionamiento que siempre había tenido el equipo de juristas, consistente en mantener reuniones una vez cada 15 días y repartir el trabajo, en lugar de delegar funciones específicas. Y es que Arderiu y Núñez habían asumido funciones relacionadas con la transparencia que podrían entrar en colisión con un posible convenio con la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), una antigua reclamación de los grupos políticos.

'Caso Juvillà'

Tampoco ha contribuido a pacificar al equipo de letrados los errores en la gestión del caso Juvillà. Políticamente la inhabilitación del cupaire Pau Juvillà puso a prueba la capacidad de Laura Borràs para desobedecer a la Justicia. Pero jurídicamente, la retirada del escaño del diputado evidenció un gran error: la renuncia a las medidas cautelarísimas a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera el recurso presentado por el Parlament.

Unas medidas con las que se habría ganado tiempo y que, por el contrario, sí pidió el equipo de letrados de su predecesor en el cargo, Roger Torrent, en el caso de Quim Torra.