Novedades en la causa contra Laura Borràs. El juez que investiga a la presidenta del Parlament ha incorporado la condena por tráfico de drogas de su amigo Isaías H., al que presuntamente benefició con unos contratos a dedo. También ha citado como testigo al responsable de contratación del Departamento de Cultura.
Según avanza Efe, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jordi Seguí acuerda nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía y las defensas de la causa que investiga si la presidenta de la Cámara adjudicó de forma irregular 18 de contratos a dedo a su amigo Isaías H., entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILL).
Tráfico de drogas y falsificación de moneda
El pasado mes de marzo, el juez dejó a Borràs a un paso de juicio por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil, pero a raíz de un recurso de su defensa revocó la resolución y dio oportunidad a las partes para solicitar más diligencias. Entre las nuevas, el juez acuerda que se aporte a la causa la hoja de antecedentes penales del amigo de la presidenta y la sentencia en la que la Audiencia de Barcelona lo condenó en 2018 por tráfico de drogas y falsificación de moneda, un fallo que es firme dado que el investigado -en cuyo domicilio se encontró marihuana y estupefacientes sintéticos- asumió los hechos y pactó la pena con la Fiscalía.
La incorporación de ambos documentos a la causa contra Borràs ha sido solicitada al juez por la Fiscalía, que también reclama que se aporten las pruebas encontradas por la policía en el registro del domicilio de Isaías H.
Citado a declarar el jefe de contratación de Cultura
Además, el próximo 24 de mayo el juez ha citado a declarar al jefe de contratación del Departamento de Cultura, Joan M., que ha sido propuesto como testigo por una de las defensas en relación con una reunión que mantuvo con Borràs acerca de la modalidad contractual que debía emplearse en la ILL.
Ese mismo día también declarará un trabajador Roger E., quien fue responsable desde 2016 de la gestión administrativa. El juez sospecha que facilitó la supuesta adjudicación irregular de los contratos. Éste empleado ya compareció como imputado ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que investigó el caso antes de que en 2019 decidiera elevarlo al Supremo dada la condición de aforada de Laura Borràs, quien entonces era diputada en el Congreso.