El presidente catalán, Pere Aragonès, ha culminado la renovación de su equipo de abogados, heredado de Junts per Catalunya, con la designación de Mercè Corretja como directora del Gabinete Jurídico de la Generalitat de Cataluña.
Corretja, que sustituye a Francesc Esteve --quien se incorpora al Consejo de Garantías Estatutarias, según los acuerdos alcanzados entre ERC, JxCat y PSC--, es una experta en derechos lingüísticos. Hasta ahora había sido directora general de Derechos y Asuntos Constitucionales y, anteriormente, fue directora general de Contratación Pública, cargo por el que fue citada como testigo en el juicio por el referéndum del 1-O celebrado en el Tribunal Supremo. Negó la existencia de cualquier contrato relacionado con esa consulta.
La jurista ha publicado varios libros y artículos donde critica la cuota del 25% de horas lectivas en castellano fijada por los tribunales.
Especializada en derecho público
Nacida en Barcelona en 1960, Corretja es licenciada y doctora en Derecho por la Universitat de Barcelona. Su tesis doctoral versó sobre la protección de los derechos lingüísticos en Europa. Está especializada en derecho público y es miembro del Cuerpo de Abogacía de la Generalitat desde 1998. Ha desarrollado su trayectoria profesional en la Administración de la Generalidad de Cataluña, donde ha ejercido diversas responsabilidades siempre en ámbitos jurídicos. En 1998 fue nombrada subdirectora general de Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica del Gabinete Jurídico, y en 2001 se incorporó al Instituto de Estudios Autonómicos, primero como jefe del Área de Desarrollo Autonómico y, más tarde, como jefe del Área de Investigación. Colaboró con el profesor Carles Viver i Pi-Sunyer en el proceso de elaboración y aprobación del Estatut.
Durante esta etapa, se especializó en derecho constitucional y en organización territorial del poder, fue miembro del consejo de redacción y secretaria de la Revista de Estudios Autonómicos y Federales, y colaboró con diversas instituciones y asociaciones internacionales.
Como directora general de Derechos y Asuntos Constitucionales, desde junio de 2021, dirige las negociaciones con el Estado previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como el asesoramiento al Govern en derecho constitucional y la representación y defensa de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tiene una amplia experiencia de más de 20 años como profesora asociada de derecho administrativo y derecho constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universitat de Barcelona, en Esade Ramon Llull y en la Universidad Rovira i Virgili.
También ha colaborado con la Escuela de Administración Pública en numerosos seminarios y jornadas. Es autora de numerosas publicaciones en el campo del derecho público, entre las que destacan dos libros sobre derechos lingüísticos y sobre el principio de igualdad, así como más de 50 capítulos de libro y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, contratación pública, derechos lingüísticos y organización territorial del poder.