Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado de dirigentes secesionistas como el expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont --entre otros clientes--, ha presentado este martes una querella por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos contra NSO, la empresa israelí propietaria del software Pegasus, y otras dos mercantiles por la supuesta vigilancia a varios dirigentes del procés, así como contra tres personas físicas.
En un escrito de 109 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado ha pedido al Juzgado de Instrucción de Madrid al "que por turno corresponda" que admita a trámite su querella y acuerde la práctica de una batería de diligencias que ha solicitado.
Pide "datos económicos y bancarios"...
En concreto, Boye ha pedido que a través del punto neutro judicial se recaben "todos los datos económicos y bancarios que existan en España respecto a los querellados", es decir, de Niv Karmi, Shalev Hulio, Omri Lavie, y de las mercantiles querelladas --Q Cyber Technologies LTD, N.S.O Group Technologies LTD, y Osy Technologies SARL--.
También ha reclamado que se solicite al Banco de España informe de "cualquier transferencia de dinero que se haya realizado desde el sistema bancario español" y a favor de los querellados. Al hilo, ha interesado que se libre comisión rogatoria internacional "con desplazamiento de una comisión judicial a Israel" para que se notifique la querella a los involucrados.
... Y contratos con instituciones españolas
En este sentido, ha pedido que se requiera a la representación legal de las mercantiles que "aporten la documentación acreditativa de todos los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el Gobierno de España, el Centro Nacional de Inteligencia o cualquier organismo/empresa pública española o empresa privada para el uso del software malicioso de inteligencia cibernética 'Pegasus' en el territorio español", según su escrito.
Así las cosas, ha solicitado que se reclame a las autoridades israelíes acceso a "toda la información bancaria referida" a las empresas israelíes contra las que ha presentado la querella, así como "toda la información de la que dispongan de viajes a España de los querellados".
También ha requerido "cualquier otro dato de movimientos migratorios hacia Israel por parte de ciudadanos españoles que hayan mantenido relaciones comerciales o de cualquier otro tipo con las empresas querelladas".
Quiere interrogar a Citizen Lab
Boye, asimismo, reclama que se solicite a las autoridades judiciales de Luxemburgo para que se notifique y tome declaración en calidad de investigados a los representantes legales de Osy Technologies SARL y para que se requiera a las entidades bancarias que operan en ese territorio la información relativa a dicha empresa y a los querellados.
Además, ha pedido que se le tome declaración en calidad de peritos a los "expertos de Citizen Lab" y a los autores del informe pericial que ha adjuntado a su querella. El propio Boye ha pedido comparecer ante el Juzgado en el marco de los interrogatorios.
A su vez, ha reclamado que se remita oficio al Parlamento Europeo para que aporte y se incorporen al procedimientos los vídeos de un evento organizado por el Partido Popular Europeo el pasado 10 de febrero. Y ha solicitado que se cite a declarar en calidad de testigos a seis personas que participaron en dicho encuentro.