El 'caso Pegasus' destapa las nuevas alianzas en el Ayuntamiento de Barcelona

El 'caso Pegasus' aflora las nuevas alianzas en el Ayuntamiento de Barcelona. ERC y Barcelona en Comú han pactado una propuesta de declaración institucional que denuncia el espionaje al que fueron sometidos políticos y activistas independentistas, mientras que Junts per Catalunya (JxCat) presenta en solitario su iniciativa, mucho más dura que la de los republicanos, con quienes gobiernan en la Generalitat. Curiosamente, tanto Elsa Artadi (JxCat) como Ernest Maragall (ERC) han sido objeto de seguimientos, pero tramitan resoluciones diferentes. Los comunes mantienen una coalición, tanto en el Consistorio como en el Gobierno, con los socialistas, quienes también tramitan su propio texto, en el que defiende el diálogo y que se investigue el caso.

El Consistorio barcelonés celebra el próximo viernes un pleno extraordinario para debatir los seguimientos a miembros del movimiento independentista y aprobar una declaración institucional. ERC y Comunes, que como ya informó Crónica Global, han estrechado sus lazos de cara a una futura alianza en las elecciones municipales de 2023, presentan su propia propuesta, en la que exige al Gobierno de el Estado que "investigue con la máxima celeridad y transparencia en los órganos pertinentes, que dé las explicaciones necesarias y se asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes frente a esta práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política, en
este caso, contra miembros del movimiento independentista catalán". Reclama "la adopción urgente por parte del estado de las medidas para erradicar el espionaje político antidemocrático, y garantizar
así que ninguna persona pueda ser víctima de espionaje y acoso para defender un proyecto político".

La resolución de JxCat en solitario

Por su parte, los neoconvergentes recuerdan en su texto que tanto Artadi como Maragall "han sido víctimas de ataques a través del software Pegasus mientras ejercían sus funciones de concejales del Ayuntamiento", lo que "significa que se han puesto en peligro las comunicaciones de los miembros de todo el Consistorio, entidades y ciudadanos de la ciudad" y, en cierto modo, "el espionaje haya afectado a toda la población de Barcelona". Aluden a un "espionaje masivo de la disidencia política" que consideran "incompatible con un sistema democrático y parlamentario".

La iniciativa de Jaume Collboni, teniente de alcalde --forma parte del gobierno municipal junto a los comunes-- y líder del grupo socialista en el Consistorio "condena toda forma de espionaje político que suponga una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, como son el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones" y pide al Gobierno del Estado "que investigue con la máxima celeridad y transparencia a través de la comisión de secretos oficiales, cuanto antes, donde estén representadas todas las fuerzas políticas por para garantizar que los legítimos representantes de la ciudadanía puedan acceder a la información y documentación que aclare las circunstancias de este hecho, colaborando plenamente con la justicia para esclarecer los hechos". También propone que el Ayuntamiento de Barcelona siga "trabajando para garantizar que Cataluña se mantenga en el camino del diálogo".