Un Parlament dividido exige al Gobierno que investigue el 'Catalan Gate'

La Junta de Portavoces del Parlament, solo con los votos de ERC, Junts per Catalunya y CUP, ha aprobado una declaración de condena del denominado Catalan Gate en la que se exige al Gobierno español que investigue un "escándalo" que afecta a 65 personas, "miembros del movimiento independentista catalán".

Las tres formaciones independentistas consideran que "este caso de espionaje político supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, que va en contra de los valores democráticos y de libertad, civiles y políticos que debe representar y preservar a la Unión Europea". Por ello, el Parlament condena el espionaje político que supone una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales reconocidos, tanto en el ámbito interno como internacional, como son el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones".

Asimismo, manifiesta "su apoyo y toda su solidaridad a las al menos 65 personas que hasta a día de hoy se sabe que han sufrido este espionaje político a través del Catalan Gate" y exige al Gobierno del estado que investigue con la máxima celeridad y transparencia en los órganos pertinentes, que dé las explicaciones necesarias y se asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes frente a esta práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política, en este caso, contra miembros del movimiento independentista catalán".

"Espionaje y acoso"

En el texto se reclama "la adopción urgente por parte del estado de las medidas para erradicar el espionaje político antidemocrático, y garantizar así que ninguna persona pueda ser víctima de espionaje y acoso para defender un proyecto político" y "reafirma su compromiso democrático de defender los derechos y libertades de la ciudadanía y defensa que se respeten los tratados y los convenios internacionales para la protección de los Derechos Humanos y los Derechos Civiles y Políticos". La Cámara catalana "se compromete a proteger y preservar los derechos de las personas espiadas, entre ellas diputadas de esta Cámara, a través también de personarse en las causas que se abren a raíz de las denuncias de las víctimas, entre algunas de las acciones a emprender".

En este sentido, los firmantes aluden a un "escándalo" que "afecta gravemente el Parlament, desde la misma presidenta, Laura Borràs, y los diputados Josep Maria Jové, Meritxell Serret, Albert Batet, Josep Rius, Elsa Artadi, Quim Jubert, Jaume Alonso-Cuevillas y Carles Riera, así como al Govern de la Generalitat. Destacan que los cuatro presidentes de la Generalitat, entre ellos el presidente actual, Pere Aragonès, que también es diputado, y sus tres antecesores Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas, han sido espiados.