La Conselleria de Economía asumirá el fondo complementario de riesgos de la Generalitat que gestiona los avales del procés. Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien ha explicado que el cuenta con una dotación mínima de 10 millones de euros y que, hasta ahora, estaba "gestionado de manera provisional" por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Esta nueva gestión le permitirá a la Generalitat "dar cobertura a los trabajadores de la administración pública" en procesos judiciales en los que se puedan ver implicados por acciones realizadas en ejercicio de sus funciones y que no quedan cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial.
En este sentido, Plaja ha asegurado que los avales de este organismo a los exactos cargos independentistas para afrontar fianzas por valor de 5,4 millones de euros que se les impuso por un presunto uso irregular de fondos es “jurídicamente impecable”.
Se valida su "constitucionalidad"
Según ha manifestado, la consellera de la Presidencia Laura Vilagrà ha presentado un informe del gabinete jurídico que concluye que, "a pesar de la conflictividad entorno a los avales y todas las decisiones judiciales que se han ido adoptando, se ha validado su constitucionalidad".
Para la portavoz, este cambio hace que el ICF preserve "su misión fundamental como banca de promoción pública para financiar proyectos de emprendedores y empresas". De hecho, ya contaban con que se trataría de algo temporal y que, pronto, pasaría a depender del departamento que dirige Jaume Giró.
Cambio de criterio del Tribunal de Cuentas
Es una decisión que este martes ha tomado el consell executiu, después de que hace unos días el Tribunal de Cuentas cambiase de criterio y aceptase los avales presentados por la Generalitat para hacer frente a la fianza impuesta a los promotores del procés por su difusión en el exterior.
Un total de 29 personas se han presentado pidiendo este aval, aunque Plaja no ha detallado la cifra concreta que se ha usado en el fondo.