El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo de diez días al abogado del Estado y la Consejería de Educación de la Generalitat para que presenten alegaciones sobre la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a aplicar el 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas, solicitada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
Hasta ahora, el Gobierno español se ha inhibido en este asunto, mientras que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, amaga con la ejecución de una sentencia que ya es firme, después de que el Tribunal Supremo rechazara los recursos del Govern. Por ello, AEB, entidad que asesora a los padres, pidió la ejecución forzosa del fallo. A raíz de esa solicitud, la sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativa del TSJC abrió una pieza separada de ejecución y, en una diligencia de ordenación, ha dado un plazo de diez días a la Generalitat y el Gobierno para que "aleguen lo que estimen pertinente".
El Gobierno se inhibe
La sala ordena este trámite "a la vista del escrito de la parte recurrente por promovido incidente para decidir las cuestiones planteadas en orden a la ejecución de la sentencia dictada en el presente procedimiento, tramitándose por el procedimiento regulado en el artículo 109 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
La resolución tiene fecha de 31 de marzo. Un día antes, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, manifestó que es el TSJC el que tiene que pronunciarse --y no el Gobierno-- sobre los planes de la Generalitat para obedecer y hacer cumplir su sentencia, que establece que al menos un 25% de las clases en el sistema educativo de Cataluña deben darse en castellano.
Por su parte, el Govern se haya inmerso en una ofensiva en favor del blindaje de la inmersión, consistente en reforzar la presencia de este idioma en las aulas, bajo la supervisión de los inspectores educativos. Pero en paralelo, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y PSC firmaron un amplio acuerdo para flexibilizar el modelo lingüístico, según el cual, el catalán sigue siendo lengua vehicular, pero el castellano también será lengua de aprendizaje. Los neoconvergentes, que se hicieron la foto del pacto, se desmarcan ahora y piden negociar con la comunidad educativa.